Guayaquil, Ecuador
Nuevamente una iniciativa ciudadana parece hundirse en el pantano de los mezquinos intereses de buena parte de la dirigencia política dominante. Con el voto determinante de las llamadas bancadas morenista y correísta, la legislatura bloqueó días atrás el pedido de alrededor de 300.000 ecuatorianos de convocar a un referéndum nacional para debatir y votar –aprobando o rechazando– un paquete de reformas constitucionales que transformarían la estructura del Poder Legislativo, eliminaría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y reconocería constitucionalmente la independencia y autonomía de la Fiscalía, tal como lo recomiendan los organismos internacionales.
Luego de haber obtenido un dictamen favorable de la Corte Constitucional, de haber recolectado miles y miles de firmas durante varios meses y de haber sorteado las zancadillas del Consejo Nacional Electoral, una mayoría de asambleístas decidió bloquear el trámite constitucional. Al parecer creen que son más inteligentes y patriotas que el resto de los ecuatorianos y piensan que son los únicos que deben decidir sobre el futuro de nuestras instituciones políticas. La lectura que hizo la Asamblea de la Constitución fue una que simplemente bloquea el ejercicio del derecho de participación que tenemos los ecuatorianos.
El mensaje es claro: en el Ecuador la iniciativa ciudadana de reforma constitucional solo funciona si una mayoría de asambleístas así lo permite. Es decir, transformaron lo que era una iniciativa de origen popular en una iniciativa legislativa. (Y luego se llenan la boca y se pasan escribiendo alambicados ensayos sobre los derechos humanos, la democracia directa, la participación, Habermas, Zagrebelsky, Ferrajoli, el neoconstitucionalismo y las maravillas de la Constitución de Montecristi).
¿Por qué se teme que los ciudadanos debatamos democráticamente sobre este paquete de reformas y decidamos sobre su conveniencia o no? En parte por la cultura autocrática y oportunista de buena parte de nuestra dirigencia, en parte por su escasa preparación académica, lo que se pudo confirmar escuchándolos debatir el proyecto. Pero también por los cambios que el proyecto trae.
Disminuir razonablemente el número de legisladores, darles mayor eficiencia a las funciones de la legislatura, trasladar las elecciones parlamentarias a la segunda vuelta electoral, eliminar los superpoderes del Consejo de Administración Legislativa, permitir que los decretos de urgencia aborden temas no económicos, instaurar una elección nacional en lista de 30 senadores, establecer la renovación parcial de la legislatura, eliminar la alcahuetería de los asambleístas “suplentes”, eliminar el monopolio de la fiscalización en una comisión especial, transparentar la elección de los altos funcionarios del Estado, racionalizar a las “leyes orgánicas” son algunos de los cambios. Veamos qué decide ahora la Corte Constitucional.
No dudamos de que el proyecto pueda tener imperfecciones. Pero ese no es el punto central. El punto es que para esta gente, los ciudadanos estamos como pintados en la pared y únicamente servimos para ir a votar cada cuatro años. Y mientras tanto, seguimos sin entender el papel determinante que tienen las instituciones en una sociedad. (O)
