El Pleno de la Asamblea Nacional ecuatoriana (AN, Parlamento) concluyó este jueves el segundo debate del proyecto de ley sobre el aborto voluntario en casos de violación, pero aplazó hasta dentro de ocho días la votación para tratar de recoger en el texto final las conclusiones adoptadas.
«La titular de la Legislatura cerró el segundo debate y, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suspendió la sesión y concedió el plazo de ocho días para que la Comisión elabore el texto final que será sometido a votación en el Pleno», dice un comunicado difundido por el Departamento de Comunicación de la Asamblea.
El debate de hoy, el definitivo de un proyecto de Ley presentado a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional en abril pasado, contó con más de 40 intervenciones, fruto de las discrepancias que se reflejan en la sociedad ecuatoriana sobre el tema del aborto en casos de violación.
«En el Pleno de la Asamblea hemos cumplido con crear un espacio participativo, democrático y laico en el que todas y todos los asambleístas representaron de manera responsable, con voz y con su voto, a todos sus mandantes», señaló en ese sentido la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.
El proyecto trata de definir una vía consensuada al aborto voluntario en casos en los que exista violación, después que los jueces constitucionales sentenciaran que ese derecho debía ser generalizado y no, como hasta ahora, solo aplicable a mujeres con discapacidad mental o cuando la vida de la gestante corre peligro.
OPINIONES DIVIDIDAS
Los legisladores analizaron el informe de mayoría de la Comisión parlamentaria de Justicia y Estructura del Estado, que fue sustentado ante el Pleno por Johanna Moreira, quien subrayó que la mesa ha buscado defender los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, a quienes se las ha criminalizado y obligado a una maternidad forzada.
«Hemos formulado un proyecto con criterios y argumentos técnicos y científicos, con el fin de entregar una herramienta efectiva a la sociedad», añadió.
Una postura contestada por numerosos legisladores que consideraron que la cuestión del aborto es un asunto de respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida de la criatura por nacer.
Y expresaron, entre otros argumentos, la complejidad del proyecto de ley a la luz de que la Constitución, en su artículo 45, garantiza el derecho a la vida desde la concepción, según el comunicado.
Otras opiniones abogaron por una decisión firme para garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a la interrupción del embarazo, sin que sean sometidas a una «revictimización», reza la nota de prensa.
Según estos, la Asamblea en este caso debe limitarse a respaldar con una ley los términos previstos en la sentencia de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento.
Frente al informe de mayoría, que salió de la Comisión, hay otro de minoría, más conservador, que colectivos sociales y feministas denunciaron al ver en él 17 violaciones constitucionales.
Para Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, los parlamentarios que promueven el informe de minoría intentan instaurar una «ley de desprecio a las mujeres», a la que tildó de retrógrada para sus derechos.
El informe de minoría del proyecto de ley de aborto por violación consta de 55 artículos de los que la mayor controversia ha causado el apartado que limita el tiempo de la interrupción del embarazo a 6 semanas para las mayores de edad y hasta 12 para las menores, mujeres de zonas rurales o aquellas con discapacidades. EFE