Corrupción e impunidad

Alberto Molina Flores

Guayaquil, Ecuador

Vamos a cumplir 43 años seguidos de democracia formal que ha vivido el país, el período más largo de toda nuestra historia republicana; en lo externo, ha estado condicionado a la lucha de las grandes potencias por el control del mundo; en lo interno, en este período, la democracia no ha estado exenta de amenazas  como el terrorismo, la extrema pobreza, el narcotráfico, el crimen organizado, la migración, etcétera y a esto se suma la pandemia del Covid-19 que paralizó al mundo con efectos catastróficos en los sistemas de salud, económicos y sociales, con mayor incidencia en los países más pobres.

Además de lo señalado, existe otro flagelo que conspira contra la estabilidad democrática: la corrupción. Cuán difícil resulta pedir a los pobres de nuestra América Latina y del Ecuador que crean en la democracia y mantengan su fe en las instituciones del Estado cuando sus líderes y administradores del bien común, los elegidos por el pueblo para gobernar, exhiben conductas corruptas apropiándose del patrimonio de todos los ciudadanos para su provecho o descapitalizando la riqueza pública en beneficio de los negocios privados o simplemente robando. La corrupción es un flagelo que niega el derecho de la gente e instala la prebenda, la coima, el cohecho, desarticula la probidad administrativa, niega la honestidad y la corrección en los comportamientos de los administradores y gobernantes y esto, visto por los ciudadanos, promueve la indignación, la ira, la falta de confianza y debilita la democracia; por lo tanto, la corrupción y la impunidad son corrosivas y también subversivas.

Podemos señalar unos pocos ejemplos de corrupción de los muchos que han conmovido a la conciencia ciudadana por el grado de voracidad de quienes fueron elegidos para que administren el Estado y sus recursos.

Se anuncia la venta del Banco del Pacífico, por este motivo asoman las purulencias de la época del correismo en el alegre manejo de este banco; en primer lugar, los gastos operativos se dispararon sin justificación de 45 millones a más de USD. 230 millones. la nómina de empleados de 1.500 pasó a 3.700; se gastaron alrededor de 20 millones anuales en auspicios y campañas publicitarias sin beneficio para el banco, la cartera vencida, incobrable es de USD. 60 millones. Todo por decisiones políticas.

El drama de la Corporación Financiera Nacional (CFN), es peor que la situación del Banco del Pacífico, según datos del informe de la empresa auditora Deloitte, la entidad registra USD. 570 millones desde el 2013 hasta octubre de 2021 encartera vencida e improductiva. Los créditos otorgados en esos años, se entregaron de forma irregular, con garantías sobrevaloradas, no se hicieron los análisis respectivos y tampoco se hizo un monitoreo de control.

La opinión pública demanda que los nombres de los aviesos morosos sean publicados, pero el sigilo bancario lo impide; esa garantía debería ser para quienes cumplen con sus obligaciones, pero no con aquellos deudores pillos que deliberadamente no pagan o quieren entregar -en complicidad de jueces- bienes sobrevalorados como dación de pago.

Otro atraco; en el 2010, el gobierno de Correa revivió los llamados Certificados de Depósito Reprogramados (CDR’s) y los Certificados Pasivos Garantizados (CPG’s), que en 1999 fueron declarados inconstitucionales, con esos papeles, el gobierno vendió el ingenio azucarero Ecudos (Aztra). La venta debió ser cancelada en efectivo, el Fideicomiso Mercantil Azucarero Ecuatoriano (FMAE) compró los resucitados CPG´s a la CFN, con el 20% de descuento. Esta fue la manera de pagar la compra de Ecudos y la otra parte, el 90%, se cubrió con un préstamo solicitado a la misma CFN, a 15 años plazo con un interés del 5%. En 2011 se vendió el FMAE. dentro de este fideicomiso estuvo el grupo peruano Gloria, su oferta fue de USD 138,8 millones por el 70% de las acciones; la valoración real hecha por técnicos fue de 188 millones 334 mil dólares.

Estas son unas pocas perlas, de las muchas que deben ser investigadas, para que los responsables no solo devuelvan el dinero, sino que vayan a la cárcel.

Alberto Molina Flores

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