El Gobierno de Ecuador presentó este lunes un proyecto de la primera política pública para transformar el Sistema de Rehabilitación Social con enfoque de Derechos Humanos, que proyecta una intervención integral en las prisiones con el fin de terminar con la crisis carcelaria que agobia al país.
El proyecto es una respuesta a la profunda crisis que se ha desatado en el sistema penitenciario nacional y que en 2021 generó enfrentamientos entre bandas de reos por el control de las prisiones, reyertas que dejaron unos 300 reclusos asesinados.
Las autoridades ecuatorianas han atribuido la violencia en las cárceles a la disputa entre carteles del narcotráfico, aunque la crisis también ha desnudado los problemas de hacinamiento, falta de presupuesto, escasa infraestructura, corrupción y deficiencias en la administración de justicia, entre otros factores.
El proyecto, elaborado por el denominado «Mecanismo Técnico de Rehabilitación Social», dirigido por la secretaria de Estado de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, fue presentado en una ceremonia especial efectuada en el Palacio presidencial de Carondelet, en el casco colonial de Quito.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, recordó que cuando asumió el poder, en mayo del año pasado, encontró un sistema penitenciario con grandes problemas, por lo que declaró como «prioridad del Gobierno» atender a este sector.
Lasso recordó que el 43 por ciento de la población carcelaria del país tienen entre 18 y 30 años de edad, lo que supone que está «en plena capacidad productiva», y que son 21.700 los presos que no han terminado sus estudios.
El mandatario aseguró que la política pública que se presentó este lunes busca ofrecer a la población carcelaria la posibilidad de estudiar en alguna especialización técnica, proveer empleos a través de convenios con el sector empresarial, establecer programas de desintoxicación y planes de atención a jóvenes.
Asimismo, emprender mejoras en las infraestructuras y tecnologías carcelarias, una mayor capacitación de los guardianes de las prisiones y llevar adelante un censo permanente sobre el estado jurídico, de salud, educativo y de peligrosidad de cada recluso
También pretender crear un mecanismo de comunicación con familiares y de atención a los hijos de los detenidos.
Esta es una «deuda moral que alguien debía pagarla en algún momento», añadió el jefe del Estado tras apostillar que, con la política pública su Gobierno va a «humanizar las cárceles».
Como una primera acción, Lasso firmó un decreto ejecutivo con el que facilitó el «indulto presidencial» a presos por casos de robo, hurto, estafa o abuso de confianza, cuando hayan cumplido al menos el 40 por ciento de la pena, que no mantenga otras causas o investigaciones y que no hayan sido sancionados por faltas disciplinarias.
De su lado, la secretaria de Derechos Humanos recordó que en Ecuador hay más de 35.000 personas privadas de su libertad y que la política pública que se presentó como proyecto, pone al recluso en el centro de la actividad penitenciaria.
Una persona, dijo Bernarda Ordóñez, «puede estar privada de su libertad, pero no de su dignidad» y remarcó que «invertir en derechos humanos es una oportunidad irrenunciable».
De lo que se trata es de brindar «una segunda oportunidad» a las personas que por algún motivo han sido condenadas por la justicia y quienes no pueden perder la posibilidad de recuperar una vida digna para ellos y para sus familias, agregó.
También el representante para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, destacó el aporte de su organismo en la elaboración de la primera política pública del sistema carcelario ecuatoriano.
Jarab aseguró que el desafío será implementar esa política y que para ello Ecuador podrá contar con el apoyo de Naciones Unidas. EFE