La política del desastre

Fernando López Milán

Quito, Ecuador

Hay momentos en los que parece que todos los males del mundo nos han caído encima. ¿Azar, mala suerte, castigo de los dioses? No. Mala política.

Inundaciones, deslaves, contaminación ambiental, sicariatos son, en gran parte, producto de la acumulación prolongada de decisiones políticas equivocadas o perversas y de la negligencia criminal de políticos y burócratas.

Un desastre social o ecológico es el último eslabón de una cadena de sucesos configurada por ese modelo de tomar decisiones, propio de las democracias débiles, consistente en dejar hacer y dejar pasar.

Políticos y burócratas adoptan este modelo por comodidad, desinterés, ignorancia o miedo, o para obtener algún beneficio político o económico, y, al hacerlo, crean las condiciones de futuros desastres; desastres de los que los beneficiarios de ahora serán, probablemente, las víctimas.

Quienes presionan a los políticos para que actúen de manera irresponsable tienen, también, su parte en el asunto. Así, el ecocidio en el Napo, como calificó alguien a lo ocurrido en Yutzupino, ha sido perpetrado con la connivencia de los políticos y la participación de los pobladores de la zona.

Una de las estructuras más frecuentes de la política de dejar hacer, dejar pasar, está conformada por tres actores: las personas que tienen una necesidad apremiante que esperan que sea satisfecha por el Estado; un intermediario -que puede ser incluso una banda criminal-; y los tomadores de decisiones: políticos y funcionarios. Uno de los ejemplos mejores de esta estructura y de su forma de operar es la de los traficantes de tierras, que, aprovechándose de la necesidad de vivienda de ciertas personas, las inducen a invadir terrenos no urbanizados y, por lo general, no aptos para la construcción de viviendas seguras, y, sobre esta base, presionan o sobornan a los políticos y burócratas para que se rindan ante los hechos consumados.

Otra estructura es la constituida por personas poderosas, organizaciones criminales o grupos de presión que actúan directamente sobre los políticos y servidores públicos. La operación de esta última estructura es muy frecuente en el sistema de justicia, donde siempre es posible encontrar un buen número de jueces, fiscales y empleados judiciales dispuestos a ceder.

La condición necesaria para que estas estructuras operen con éxito es la debilidad de la institucionalidad pública y la “ausencia de Estado” en ciertas localidades del territorio nacional. Las constantes matanzas entre criminales en la llamada Zona Ocho no hubieran sido posibles, al menos no en la magnitud actual, si el Estado hubiera tenido presencia en los barrios marginales de la zona. ¿Qué hicieron los socialcristianos en Guayaquil para mantener dicha presencia y prevenir lo que ahora está ocurriendo? ¿Qué hizo el gobierno de Correa? La respuesta es fácil: “dejar hacer, dejar pasar”. Y como consecuencia de ello, estamos, ahora, viviendo un verdadero desastre social y la quiebra del sistema de justicia.

Temerosos, impotentes, hastiados de la farsa tragicómica en el que se ha convertido la política ecuatoriana, los ciudadanos se van ajustando al modelo inmoral impuesto por políticos y burócratas. Dejan hacer, dejan pasar, como ellos, hasta que sobreviene el desastre.

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