Estado de Excepción y muerte cruzada

Editorial de LaRepública

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, ha convocado, el próximo lunes 20 de junio, al Pleno de la Asamblea Nacional para discutir la derogatoria del Estado de Excepción, decretado por el Presidente de la República, Guillermo Lasso, de acuerdo a los poderes que le otorga la Constitución para enfrentar la grave crisis política por la convocatoria de la CONAIE a una movilización indefinida.

La decisión de Saquicela es insólita. Y ha sido anunciada aún después que el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, lo visitara para advertirle de la necesidad de proteger a la capital, a sus ciudadanos y su patrimonio histórico. La Asamblea Nacional, controlada por el correísmo, Pachakutik y el Partido Social Cristiano, y a instancias de los dos primeros, plantea arrebatar al Ejecutivo una herramienta prevista en la Constitución para defender la legalidad, el orden, y la seguridad de los ciudadanos, por una medida de hecho que ellos mismos instigan en las calles.

Los antecedentes recientes de las movilizaciones no dejan espacio para la duda de lo que se viene si se despoja al Presidente de la República de las herramientas necesarias para defender la Constitución y la ley. Edificios incendiados, gran parte de la capital destruida, empresas agrícolas asaltadas, saqueos, vandalismo, policías y militares secuestrados, periodistas agredidos. En el trasfondo, la intención no oculta de un golpe de Estado que derroque al Presidente y al Vicepresidente de la República, como un mecanismo para el estallido del caos.

Por fortuna, el Presidente de la República cuenta con otra herramienta constitucional para defender a la sociedad. La posibilidad de decretar el cese anticipado de la Legislatura y convocar a nuevas elecciones en el plazo de seis meses. Una cirugía mayor, es cierto. Una medida de última instancia para evitar la violencia y defender el orden constituido, la democracia y las libertades.

La declaratoria de la muerte cruzada no soluciona por sí misma la crisis política, pues quedará intacta la movilización liderada por el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza. Pero tendrá la virtud de eliminar un peligroso factor de inestabilidad y le permitirá al Ejecutivo concentrarse en proteger a los ciudadanos de la violencia de los sublevados.

Corresponde también a los otros poderes del Estado, sobre todo a la Fiscalía y a la función judicial, dejar de permanecer impasibles mientras se cometen delitos a la luz pública. La lucha por la democracia, y la preservación de las libertades nos corresponde a todos. Y no solo al Ejecutivo.

Quito, 18 de junio de 2022. Los moradores de la parroquia de Zámbiza se enfrentan a la Policía Nacional en el inicio del Estado de Excepción. API/JUAN RUIZ CÓNDOR

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