El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró este martes que la sentencia judicial que obligó a suspender la vacunación contra la COVID-19 a los menores de 13 años en el país es «totalmente desacertada» e «infundada».
Así lo dijo a la prensa el mandatario, quien espera que la decisión final sobre la apelación al fallo judicial presentada este lunes se dé «lo antes posible».
«Nosotros tomamos una decisión basada científicamente. Estamos hablando de la vida de los uruguayos en una pandemia (en la) que a nivel mundial nunca se supo mucho cuáles eran los protocolos, las formas adecuadas para pasarlo de la mejor manera», remarcó.
Consultado sobre la sentencia emitida el pasado jueves por el magistrado Alejandro Recarey, quien hizo lugar al amparo en el que un abogado solicitó detener la vacunación a niños pese a no ser obligatoria en el país, Lacalle Pou expresó que, «sin perjuicio» del respeto a la separación de poderes, no la comparte.
«Nosotros somos del derecho latino, el derecho escrito, que no es el derecho anglosajón, en el que tienen otras competencias los magistrados. En este sentido a nosotros nos parece totalmente desacertada e infundada la sentencia», remató.
El presidente uruguayo, que recorrió este martes diversas zonas del departamento de Paysandú, azotada este lunes por una turbonada que provocó destrozos materiales, señaló además que el Ejecutivo informó todo lo que puede informar sobre la compra de las vacunas y pidió recordar lo difícil que fue conseguirlas.
«Negociamos cuando otros países estaban negociando y Uruguay fue de los países que consiguió antes la mayor cantidad de dosis para toda su población en una negociación que, por lo que sé, fue distinta a la de otros porque Uruguay tiene ciertos anclajes, fortalezas institucionales», indicó, y recalcó que «siempre hubo respaldo científico» en las decisiones.
El Gobierno de Uruguay presentó este lunes su apelación contra la sentencia que obligó a suspender la vacunación contra la COVID-19 a los menores de 13 años de manera «inmediata» y hasta tanto no se cumplan una serie de requisitos estipulados por el juez.
Este ordenó al Ministerio de Salud Pública y Presidencia a publicar «íntegros» «todos los contratos de compra» de las vacunas suministradas en el país, donde se inoculó con las de la farmacéutica china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer.
También, que se elabore un texto para entregar a los responsables de los menores que se vayan a vacunar en el que se informe «con claridad» sobre determinados puntos, entre los que aparecen «la composición» de las vacunas y «los riesgos que tenga». EFE (I)