El Presidente de la República, Guillermo Lasso concretó hoy, 12 de septiembre de 2022, finalmente el ofrecimiento de presentar una propuesta de consulta popular. De esta manera se formalizaron las ocho preguntas y entregaron los anexos respectivos a la Corte Constitucional (CC) para que emita un pronunciamiento.
A partir de hoy, la Corte tiene 20 días laborables para observar cada pregunta y determinar si son viables o no, es decir si el mecanismo para reformar la Constitución o la ley es mediante consulta popular o si no es la vía adecuada para concretar alguno de los temas.
El documento presentado por el Gobierno posee 470 páginas redactadas y documentadas que sustentan la razón de la consulta popular y los cambios puntuales que se necesita en cada artículo de la ley.
Son en total 23 artículos que sufrirían cambios y 20 nuevos que se incluirían para ser aceptados por la Corte Constitucional y aprobados por la ciudadanía en las urnas.
Enmiendas en cuanto al tema de seguridad
Dentro del eje de seguridad, el Gobierno propone una intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Así, el artículo 158 incluye que la Policía Nacional debe presentar una solicitud motivada al Presidente para que disponga «el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas».
Lo que implica la la extradición.: según la propuesta incluye una excepción en el artículo 79 e indica que se realizará procesos de este tipo garantizando «el trato justo» y respetando los tratados internacionales. Sobre todo, en cuanto a delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.
Por otro lado, el denominmado «Consejo Fiscal», esa es la primera pregunta en la que se incluye un nuevo artículo. Establecería a ese organismo como el encargado de los procesos de selección, evaluación, ascenso y sanción de los fiscales.
Además, coloca normas a los procesos de conformación y los requisitos para ingresar a la carrera fiscal.
Sobre este tema ya se pronunció la Fiscalía General del Estado y declaro que este tema es «innecesario» debido a que según esta entidad, «la institución cuenta con unidades técnicas que podrían asumir estos procesos, respetando los principios de veeduría, meritocracia, oralidad, transparencia y publicidad sugeridos», indicó.
Preguntas en la vía de institucionalidad
Para la reducción de asambleístas, el anexo de la cuarta pregunta contempla cambios en los incisos del artículo 118. De aprobarse, serían dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; un asambleísta por cada provincia y uno o más por cada 250 mil habitantes; y un asambleísta por circunscripción del exterior por cada 500 mil habitantes.
Por otro lado, existe otra enmienda que es relacionada a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ésta es la que más variaciones presentaría a la actual Carta Magna. De aprobarse tras la votación, 16 artículos se modifican y se incluyen 19 nuevos. Se enumera cada una de las funciones de los organismos de control y se cambia para que su designación venga de la Asamblea Nacional.
Consulta sobre temas medioambientales
Las dos últimas preguntas implican cambios en dos artículos de la ley respectivamente.
En la séptima, por ejemplo, relacionada a la incorporación de un subsistema de protección hídrica, el cambio está en la inclusión de en el artículo 405 que indica que la rectoría y regulación será responsabilidad del Estado. Es decir, se busca un trabajo en conjunto entre Estado, gremios y ciudadanos.
Lo mismo sucede en la octava pregunta que consulta si están de acuerdo con que existan beneficios de compensaciones para quienes apoyan la generación de servicios ambientales. En ese sentido, será el Estado quien definirá los lineamientos de las compensaciones y bajo qué criterios se otorgaría el beneficio.