Inseguridad: ¿qué hacer?

Alberto Molina Flores

Guayaquil, Ecuador

“La policía es una de esas instituciones con las que una sociedad debe convivir mediante relaciones complejas, contradictorias, incómodas. Desarrollada históricamente para proteger a las clases poseedoras de los peligros ocasionados por las ‘clases peligrosas’ y a la sociedad en su conjunto de la criminalidad, la institución posee una tendencia bastante generalizada a desarrollar formas variadas de delincuencia y corrupción».

«Su papel de “Estado en las calles” la hace especialmente vulnerable a un sin fin de tentaciones. Su relación directa con el crimen y el delincuente, los habitualmente malos salarios de los agentes, la escasa valoración social que la ciudadanía le concede, y el hecho de circular armada y con un poder frecuentemente incuestionado en medio de la gente del común, son fuentes casi insalvables de desviación de sus funciones legales”.

Esta introducción que hace el sociólogo colombiano Álvaro Camacho Guizado en su publicación: La Reforma de la Policía Colombiana ¿Esperanza o frustración?, encaja plenamente en lo que sería el diagnóstico de cualquier policía del mundo y obviamente de la nuestra.

La sociedad demanda el mínimo de seguridad para realizar sus actividades cotidianas, pero lo que se percibe es todo lo contrario; nos encontramos con una sensación de desprotección y de inseguridad permanente.

Existen sobradas razones para que los ciudadanos tengamos esa sensación:

El auge delincuencial ha crecido enormemente en el país, sobre todo Guayaquil y en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo; el Estado no ha hecho mayor cosa por paliar este grave problema y los gobiernos de turno no se han esforzado lo suficiente para dar una solución responsable y permanente.

Si bien es cierto que la influencia del problema de Colombia y la migración indiscriminada y sin control de ciudadanos, especialmente venezolanos, ha acrecentado el nivel de inseguridad, no es menos cierto que la situación social y económica del país, especialmente la falta de empleo, ha puesto lo suyo para el aumento de este problema.

Existen bandas internacionales de delincuentes que operan con armamento y equipo sofisticado y tienen una muy buena organización dentro y fuera de las cárceles.

Se ha internacionalizado la delincuencia, los procesos de integración han ido eliminando barreras para el control migratorio, a esto se suma la facilidad de conseguir documentos nacionales de identificación en forma fraudulenta (lavado de identidad).

Posiblemente la queja ciudadana más frecuente es la relativa a la ineficiencia mostrada por la policía en el cumplimiento de sus deberes de protección al ciudadano. No acudir de inmediato a las solicitudes de auxilio o la presencia de los policías cuando los delincuentes han huido; a esto se suma las disculpas miserabilistas de que se carece de medios de movilización, los argumentos sobre la imposibilidad de abandonar los puestos asignados, que no disponen el suficiente personal y armamento; estas y otras son respuestas que sistemáticamente recibe la ciudadanía cuando requiere los servicios policiales, y que reflejan no solo las precarias condiciones reales para su desempeño.

La penetración del crimen organizado en las filas policiales se ha visto reflejado tanto en oficiales como en la tropa y han sucumbido ante la oferta de dinero fácil de los narcotraficantes y esto ha deteriorado la imagen de la institución.

Se conoce que existe un gran negocio en la compra y venta clandestina de armas, esto ha facilitado que las bandas criminales adquieran todo tipo de armamento; ante esa amenaza, hay voces de angustia de un segmento de la sociedad que exige armarse, pero eso no es la solución, al contrario, una sociedad armada se vuelve más insegura; está comprobado que los hechos de violencia se multiplican al tomar esta medida.

La administración de la justicia está severamente cuestionada, es de fácil manipulación y está politizada. La corrupción de una gran mayoría de quienes imparten justicia, ha hecho que se desprestigie más y crezca la desconfianza.

¿Qué hacer frente a esta realidad descarnada y cruda?

“A grandes males, grandes remedios”. Que todos los elementos que constituyen el Estado (Gobierno, Asamblea, Justicia, empresa privada, gobiernos seccionales, ciudadanía, etc.)  se unan, bajo un liderazgo que genere confianza y credibilidad, que no se diluyan los esfuerzos en acciones dispersas y que sean contundentes y firmes; que en las campañas proselitistas los candidatos no se aprovechen de forma irresponsable de las circunstancias y politicen los problemas de inseguridad.

Que las fuerzas del orden se depuren y los malos elementos sean severamente sancionados. Que se les dote del armamento adecuado y del equipo necesario para exigirles resultados; que se pida urgente apoyo a los países que de una u otra forma están involucrados en este grave problema; igual, que los gobiernos de los países vecinos -Colombia y Perú- asuman sus responsabilidades en sus respectivas fronteras.

Que la Asamblea revise las leyes que ahora solo benefician a la delincuencia. Que se militarice temporalmente los puertos de Guayaquil y Manta y que se dote de escáneres. Que se intervenga con firmeza en las cárceles para desarticular las bandas criminales, las mismas que deben ser dirigidas por un equipo de expertos. Que los habitantes de las fronteras -sur y norte- reciban la atención necesaria del Estado, de esa forma tener fronteras seguras.

Gasolinera incendiada en Santo Domingo, el 3 de noviembre de 2022.

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