Quito, Ecuador
La cosa no es fácil. Es como si una potencia enemiga hubiera infiltrado a 50.000 de sus hombres en nuestro territorio y estos, por la fuerza de las armas, se hubieran apoderado de amplias zonas del país y, coludidos con políticos y periodistas traidores, y una organización subversiva que, en la invasión, ha visto la oportunidad para alzarse con el poder, hubieran puesto en marcha un plan para derrocar al gobierno legítimamente instituido y colocar, en su reemplazo, un gobierno títere que entregue el país a los invasores.
¿Qué, sino traidores, son los asambleístas del correísmo, Pachakutik, el partido socialcristiano, parte de la ID? ¿Qué es Ronnie Aleaga?
Nadie que ha sido parte de una banda del crimen organizado puede desligarse de ella para convertirse en una figura pública que, en los papeles, debe legislar contra los criminales. Nadie, a menos que tenga su visto bueno. Los pentiti italianos, los arrepentidos de la mafia, una vez que han colaborado con las autoridades están obligados a pasar el resto de sus vidas en la clandestinidad, con identidades falsas y en sitios desconocidos hasta por sus parientes más próximos. Aleaga, en cambio, se fotografía chapoteando en la piscina de una mansión de Miami con un famoso prófugo de la justicia ecuatoriana; un amigo de Leandro Norero, “El Patrón”, capo recientemente asesinado en la cárcel de Cotopaxi.
¿Qué es Leonidas Iza, qué la Conaie, que convocan a “los pueblos, nacionalidades y sociedad civil a fortalecer los niveles de organización social, en cada barrio, recinto, comunas, a activar las guardias comunitarias”, como si se tratara de una tercera fuerza aguardando el momento oportuno para dar el zarpazo y adueñarse del gobierno de la república? Para la Conaie, no las bandas criminales sino el “Estado fallido” es el causante de los cientos de asesinatos que se han dado en los dos últimos años en las calles y cárceles del país.
Y luego, en medio de esta especie de guerra no convencional que estamos viviendo, alguien aconseja al Gobierno no armar a la fuerza pública; no armar al Ejército ni a la Policía para enfrentar al crimen organizado porque algunas de sus armas pueden ir a parar en las manos de los criminales. Con esta lógica, a fin de evitar que las mafias del IESS roben los medicamentos y los revendan habría que privar a los pacientes de sus medicinas.
Alguien más, un defensor de los derechos humanos, sostiene que las “bandas prisioneras” -así las llama- son creaciones del Estado, no de los delincuentes; y un periodista, Anderson Boscán, remata: “Decretan las mismas medidas que no han funcionado. Se moviliza a Guayaquil el mismo presidente que no ha resuelto nada. Ofrece usar las armas, el mismo que tiene a la policía hasta sin balas. Que Dios nos agarre confesados”. ¿Qué pretende con esto el periodista? ¿Que no se decrete el estado de excepción y que, por tanto, se deje a los narcos tranquilos? ¿Que al presidente lo boten o renuncie como pretenden Iza y los mafiosos del correísmo? Quizá, solo quiere que la gente hable de él para aumentar su rating y su ego.
La situación que estamos viviendo es seria, demasiado seria como para admitir el divismo periodístico, el oportunismo político, la cerrazón ideológica y la ligereza intelectual.
Si reparamos solo un minuto en todos los frentes en los que debe trabajar el Estado ecuatoriano para neutralizar la sangrienta amenaza de los narcos, se nos revelará la enormidad de la tarea que tiene por delante. Hay un frente legislativo, un frente político, un frente judicial. Hay un frente social, uno internacional y uno policiaco-militar. Reforzar este último es, ahora, la prioridad.
Los quintacolumnistas del narcotráfico quieren impedirlo y debilitar al Gobierno y a la fuerza pública. A estos traidores “la historia no los absolverá”.
