Un juez del cantón La Concordia, hoy, 23 de noviembre de 2022, aceptó una acción de protección y dispuso «suspender los efectos del juicio político» en la Asamblea Nacional que terminó en la destitución de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Esta acción, resuelta por el juez Ángel Lindao, fue presentada por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz y no tiene que ver con otra similar que se debe tratar este miécoles.
Así, según el juez, «se han inobservado e irrespetado» los derechos constitucionales de los cuatro consejeros del Cpccs destituidos: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.
Pues, el magistrado dispuso al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela; y al procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, suspender los efectos de la resolución que adoptó el pasado 18 de noviembre el pleno de la Asamblea Nacional con 85 votos a favor.
La suspensión de la censura estará vigente hasta que se le remita al juez toda la documentación del juicio político, dice su resolución.
Además, se ordena absteners de cualquier acción que vulnere la decisión judicial.
De ese modo queda en duda la convocatoria del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, a sesión del pleno para las 16:20 del jueves, para posesionar a los reemplazos de los consejeros del Cpccs destituidos.
ESTE MIÉRCOLES SE TRATA OTRA ACCIÓN DE PROTECCIÓN
Sin embargo, esta no es la única acción de protección presentada con motivo de supuestas irregularidades en la sesión legislativa en la que una mayoría conformada por correístas y social cristianos decidieron cesar a los consejeros.
En ese sentido, el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe (Pichincha) resolverá la tarde de este miércoles sobre la acción de protección que presentó el asambleísta Washington Varela, quien sostiene que «esta sesión se hizo de manera ilegal porque no se respetó el debido proceso».
El pedido sería que se anule la sesión del juicio y por lo tanto la censura de los cuatro vocales quede sin efecto.
REACCIONES EN LA ASAMBLEA
Desde el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) descartan aquello y más bien se suman a lo que ya señaló el presidente Saquicela.
Dicen que la justicia no puede aceptar este tipo de medidas sobre decisiones del poder Legislativo.
«Nosotros como pleno ya nos pronunciamos, la Asamblea ya notificó a los entes copetentes, así que esa acción de protección ya no tiene razón de ser», dijo Ferdinan Álvarez, asambleísta de UNES.
Mientras que el social cristiano Jorge Abedrabbo advirtió de «jueces que están dando sentencias a la carta» para que no «vayan a caer en lo mismo».
Pero, otros legisladores defienden la acción de protección y niegan que haya intromisión de la justicia.
Ricardo Vanegas, de Pachakutik, expresó que «para poder ser juzgado, se necesita de un expediente, el sindicado necesita saber de qué va a ser acusado y si eso no hay, en cualquier parte del mundo le van a dar la razón a los consejeros», indicó.