Que quede claro

Alberto Molina Flores

Guayaquil, Ecuador

El Instituto Geográfico Militar (IGM) fue creado por el presidente  Isidro Ayora en 1928,  bajo el nombre de Servicio Geográfico Militar, constituyéndose en el pionero de la cartografía nacional. En 1978 fue promulgada la Ley de la Cartografía Nacional; el mismo año 1978, mediante decreto Ejecutivo se facultó al IGM la impresión de documentos valorados y de seguridad como timbres fiscales, sellos postales y toda especie valorada que necesite de seguridades extremas para su emisión; entre los documentos que requiere “seguridades extremas”, están justamente los documentos para los procesos electorales.

En cada proceso electoral es requerido el IGM para la impresión de los documentos que se necesitan, como las papeletas de votación, a sabiendas que es la institución más confiable y prácticamente la única. El proceso de contratación es largo y tedioso, muchas veces los recursos le llegan al IGM casi a última hora. Los insumos que se necesitan, de forma urgente, no hay en el país y hay que importar, ese es otro obstáculo que el IGM tiene que sortear.

Una vez firmado el contrato y aprobados los candidatos, en el departamento técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) se elaboran las artes de las papeletas de votación y demás documentos, el pleno revisa y aprueba. El IGM recibe las artes y se firma un acta, luego se imprimen los borradores, con absolutamente todos los detalles, logos, colores, fotografías, etc., se pone a consideración del CNE y de los delegados de los candidatos, revisados los documentos, al detalle, se firma un acta de conformidad y el IGM procede a imprimir todos los documentos y se entrega debidamente empacados como ha dispuesto el CNE. 

Cabe señalar que durante todo el proceso, desde la entrega de las artes hasta la culminación de la impresión, los técnicos del CNE y del IGM monitorean todas las etapas señaladas en el contrato.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, públicamente ha reconocido que en el proceso electoral ha habido fallas, “entre esas fallas, están la intermitencia en la transmisión de los resultados en el Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER), que los datos del referéndum se tardaron en procesar y que se imprimieron documentos electorales que provocaron el reconteo voto a voto en seis provincias.

Sin embargo eso no es lo más grave. El consejero Pita denunció que en una visita que hizo a la delegación del CNE del Guayas, “Se ha detectado que existe un área en la cual se están imprimiendo actas de reconteo que no son las que se generan precisamente en las mesas de reconteo, lo cual nos hace suponer que son actas falsas que buscan modificar la tendencia de cual fue la voluntad popular. Lo sorprendente es que todas estas actas guardan relación con el referéndum y, en todas, la votación que constaba como mayoritaria es a favor del No”.

Una declaración que sorprende, el consejero Pita considera que hay responsabilidades compartidas con el Instituto Geográfico Militar (IGM).

El país no debe aceptar ninguna lavada de manos. El único responsable de acuerdo al axioma de «todo lo que se haga o deje de hacer» es el CNE, a la cabeza su presidenta Diana Atamaint.  El Ministro de Defensa debe dejar bien claro la responsabilidad del IGM, su prestigio bien ganado y de las FF.AA. porque de inmediato aparecen los enemigos de la institución y de la democracia.

De estos hechos, las denuncias se han hecho a la Fiscalía, aspiramos que los resultados no queden para las calendas griegas o en el olvido como ya ha sucedido algunas veces. En enero de 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció que más de seis millones de papeletas presidenciales se imprimieron con un logotipo que no correspondía al movimiento Amigo. Diana Atamaint, presidenta del CNE anunció sanciones y los funcionarios encargados de la verificación, control de calidad y diseño de papeletas electorales fueron separados de sus cargos. De los verdaderos responsables jamás se supo.

Dada la amnesia que sufrimos en el país, éste y un sinnúmero de casos quedaron y quedarán en el olvido.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, en el momento que denuncia en Ecuavisa la existencia de un centro de cómputo paralelo.

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