Quito, Ecuador
De las frases célebres de los enloquecidos y entontecidos por el dinero( en los años 60 y 80), hasta la adicción incurable y perversa del poder evidenciada en nuestros días, la tarea de demolición institucional y la carencia de madurez y cultura democrática parecen tocar fondo.
El caso Gran Padrino, o Encuentro, como prefirió extrañamente etiquetarlo la Fiscalía, constituye un episodio singular y hasta grotesco de la expresión de las más bajas pasiones de la política nacional.
El informe de una Comisión Ocasional, supuestamente multipartidista, es el epílogo de una construcción política que se puso como objetivo la conclusión – la carreta delante de los bueyes, sin alusiones personales -. Es decir, primero se fijaron el propósito, conducir todo hacia el juicio político del Presidente, luego armaron la tramoya de la toma de declaraciones. Pusieron primero el techo y debajo de él colocaron los ladrillos y luego los cimientos de algo que se debiera por su propio peso.
El legislador Dalton Bacigalupo explicó que el supuesto representante de Izquierda Democrática en la mencionada comisión no representa al partido ni al bloque. La representante de Pachakutik fue expulsada de la tienda política y se arrimó al frondoso árbol del correísmo.
El ministro de Gobierno calificó de mamotreto al informe borrador y ese documento buscaba la causal descabellada de ‘traición a la patria’, que luego fue modificada por otras de las posibles causales que constan en la Constitución. El artículo 129 de la ley fundamental habla del juicio político solamente en alguno de estos casos:
‘1. Por delitos contra la seguridad del Estado.
2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo’.
Aunque a muchos políticos con espacio de poder en la Asamblea no les importe, esas son las únicas causas para iniciar un proceso de juicio político contra el Presidente en funciones. Que juzguen los lectores si estas alternativas se configuran y se sustentan.
La resolución de la Comisión Ocasional fue inmediatamente recogida por el presidente de la Asamblea que convocó a sesión este sábado. La aprobación del informe de la Comisión Ocasional por parte del pleno debiera consecutivamente tener una solicitud, con al menos 46 firmas, para activar el procedimiento del juicio político. En los tres días posteriores el titular de la Asamblea debiera notificar al CAL (Consejo de Administración Legislativa) y este organismo podría pasar el expediente a la Corte Constitucional que a su vez tiene un plazo perentorio para pronunciarse.
La lógica señala que la Corte no daría luz verde a este juicio, pero, como la lógica y muchas veces las razones jurídicas no son moneda común, todo puede pasar. Si la Corte admite el petitorio el juicio político empezaría a caminar y la Comisión de Fiscalización entraría a jugar su papel para sustanciar el proceso antes de una votación del pleno que requeriría al menos de 92 votos para que opere la destitución y la sucesión presidencial en el Vicepresidente.
En este ínterin la tensión política puede surtir un efecto paralizante. Los impactos nefastos en la economía que ya activaron el alza del riesgo país, pueden congelar cualquier decisión de inversiones y la inestabilidad no es la mejor consejera; en materia de negocios e inversiones de lo que se trata es de generar confianza. La incertidumbre puede dar un golpe contundente que, como siempre, perjudicaría a los más pobres, a los desempleados y subempleados.
La derrota electoral del Gobierno ya dejó el terreno abonado para la inestabilidad. La oposición hambrienta empezó a medrar de este resultado que repotenció a varios grupos. Su habilidad, que contrasta con la falta de músculo político del régimen, no augura un buen escenario.
Por lo demás, entre las filtraciones, las denuncias y el escándalo lo ideal sería que la Fiscalía investigue, formule cargos si hubiese lugar y la política presuntamente contaminada por la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, se limpien de una vez por todas. Esa acción debiera interponerse en cualquier espacio en que actos reñidos con la ley se presenten y por encima de facciones políticas, ideologías e intereses del poder coyuntural. Más allá de padrinos, parientes, amistades generosas o compadritos lindos. El país civilizado exige total transparencia.
Otra espada de Damocles es la amenaza de un grupo de la alta dirigencia de la Conaie. Si bien es cierto que, acaso por cálculo, no anunciaron el paro total ni el bloqueo violento de octubre de 2019 o junio de 2022, la movilización paulatina llevada más allá de los límites responsables de la protesta pude revivir los esperpénticos episodios de muerte y destrucción que ya sufrió el país con la dolorosa pérdida de vidas humanas, millones de dólares de perjuicio y la foto de una sociedad que no resuelve sus diferencias en el debate democrático sino el la imposición por la violencia o la fuerza.
A este hipotético escenario habría que matizarlo por la notoria discrepancia interna de cierta dirigencia indígena. Los más radicales no debieran perder de vista el resultado electoral. En mayo varios alcaldes y prefectos de Pachakutik deberán emprender su gestión política y la relación con el Ejecutivo es indispensable para que el desarrollo de sus planes de acción permita a aquellos Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, operar con flujos adecuados de recursos. Esa visión pragmática la entienden quienes han ejercido acciones políticas electorales, pero es complicado de asimilar para quienes están acostumbrados al bloqueo y a la imposición violenta.
El panorama no es fácil para el Gobierno, más allá de los ejercicios de harakiri que el propio accionar errático del poder ha conllevado, la realidad desde el primer día del mandato es que el bloque parlamentario es débil (tan solo 13 de 137 legisladores) y la capacidad de alianzas ha sido esquiva. El enunciado del Gobierno del Encuentro no fue posible, el país exhibe los consabidos rasgos de pobre gobernabilidad de siempre, salvo en los periodos arbitrarios y autoritarios que atentaron contra el Estado de derecho y la convivencia civilizada. Adicionalmente la mano tendida del Presidente Lasso luego de su derrota política no tuvo acogida.
El otro plano del análisis nos lleva a insistir en el disparadero del riesgo país. Parece insólito que países como Chile, con todo el proceso desatado en octubre de 2019 y gobierno de izquierda; Perú, con dos meses de inestabilidad ante la caída de Pedro Castillo y las protestas populares; o Colombia con un ex guerrillero en el poder, tengan mejores números que el Ecuador. Es más, en varios indicadores apenas superamos a Argentina y Venezuela, lamentable.
La inversión no llega y los buenos números del déficit y el orden no alcanzan. Hará falta replantear la urgencia de obras visibles y sentido social más profundo para superar las inequidades sociales.
Si la estrategia política de los opositores falla en el juicio al Presidente, si el caos de la toma de las calles no logra desestabilizar hasta el derrocamiento que persiguen los enemigos de la democracia, a unos cuantos desadaptados ya se les ha ocurrido otro camino en sus sueños de opio. Tratarán, así lo advirtieron, de aludir la incapacidad mental para gobernar del Presidente. A algunos de los proponentes se les debiera someter a una prueba para determinar su coeficiente mental, debiera existir algún barómetro que muestre su inventiva para la perversidad, a algunos de los mediocres legisladores sería bueno aplicarles el suero de la verdad o el detector de mentiras, muchos de ellos quedarían desnudos en su vileza y con su impunidad a cara descubierta. En casa del jabonero, el que no cae, resbala.
Hay que reconocer que en materia de calidad legislativa antes estábamos mejor. Muchos de los tumultuarios ‘alzamanos’ de hoy, que tienen a la Asamblea con peores números de popularidad que el desgastado Presidente, no pasarían ninguna de las pruebas.
La Fiscalía debe destapar toda la verdad, el Gobierno tendría que rectificar rumbos y los ciudadanos de buena voluntad superar esta agónica espera. En el lúgubre paisaje del sombrío panorama solo puede salir la luz después de las tinieblas. Que impere la cordura por encima de intereses protervos. Que la ambición angurrienta del poder no trastoque el orden de las cosas y la democracia y la libertad brillen en lo alto. ¿Será mucho pedir?