El Gobierno argentino indicó este martes que desconocía las intenciones de la exministra de Obras Públicas de Ecuador María de los Ángeles Duarte de abandonar la Embajada de Argentina en Quito, donde se encontraba desde hace más de dos años y medio.
«Todo indica que más allá del estatus otorgado, y la voluntad del Gobierno argentino de mantener la condición de asilada diplomática, que la Sra. Duarte se ha ausentado por decisión propia y sin que haya mediado indicación alguna a las autoridades de la embajada en la República del Ecuador«, señaló en un comunicado la Cancillería argentina.
El texto se difundió después de que el Ejecutivo ecuatoriano convocara al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, para responder a consultas en torno al escape de la exministra de la Embajada de Argentina, donde llevaba refugiada más de dos años y medio para evitar ir a la cárcel por una condena por corrupción.
Según la versión oficial argentina, durante el pasado fin de semana, mientras el embajador Fuks desempeñaba «distintas tareas inherentes a su labor diplomática», «no se registró presencia» de Duarte en el ala del edificio donde estaba, que era distinta de la residencia oficial del representante argentino en Quito.
En consecuencia, «se procedió a hacer las recorridas correspondientes de las distintas dependencias», «sin ubicar el paradero» de la exministra, manifestó el comunicado de la Cancillería.
La Cancillería ecuatoriana indicó este lunes que la fuga de Duarte, una ministra durante la Administración de Rafael Correa (2007-2017), fue advertida al Ejecutivo ecuatoriano por el canciller argentino, Santiago Cafiero.
Un asilo sin resolver
El Gobierno argentino del peronista Alberto Fernández, comunicó el pasado 1 de diciembre a la Cancillería ecuatoriana su decisión de conceder el asilo a Duarte, que estaba alojada en la Embajada argentina en Quito junto a su hijo menor de edad desde el 20 de agosto de 2020.
Sin embargo, el Gobierno del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se opuso a otorgar a Duarte el salvoconducto que le permitiera salir de Ecuador sin ser detenida.
A raíz de esa respuesta, en el marco del «pleno respeto» a las normas del derecho internacional y con el ánimo de fortalecer las «buenas relaciones» con Ecuador, «se entablaron esfuerzos en la búsqueda de un entendimiento común que al momento habían resultado infructuosos», señaló este martes la Cancillería argentina.
Duarte fue condenada en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho como parte del caso «Sobornos 2012-2016», una trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País, liderado por el expresidente Correa, con aportes indebidos de empresas que no fueron declarados.
La exfuncionaria, que ocupó la cartera de Obras Públicas entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política y niega los cargos en su contra, al igual que Correa, que aduce la condición de refugiado en Bélgica, lo que traba una solicitud de extradición de la Justicia ecuatoriana.
Correa, que reside desde 2017 en Bélgica, ha mantenido una estrecha relación con el actual mandatario argentino y con su vicepresidenta, Cristina Fernández. EFE
