Juicio político

Alberto Molina Flores

Guayaquil, Ecuador

La mayoría desestabilizadora creó una comisión de asambleístas con mayoría a fin al correísmo, con un ampuloso nombre: “Comisión ocasional multipartidista de la verdad, justicia y lucha contra la corrupción”. Resultaba irónico que esta comisión era para investigar la verdad, la justicia y para luchar contra la corrupción; simplemente escupían para el cielo.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el sábado 4 de marzo, el informe no vinculante que recomienda a la Asamblea llevar a juicio político al presidente de la República. El texto fue aprobado con 104 votos de los correístas de la Unión por la Esperanza (UNES), sus aliados del Partido Socialcristiano (PSC), Pachakutik (PK), Izquierda Democrática (ID) y un puñado de supuestos independientes.

Mientras tanto estaban abandonados muchos proyectos de ley, pero cada asambleísta cobra sin falta, a fin de mes un jugoso sueldo, viáticos, residencia, pasajes; además, asesores y teléfono celular. La solicitud de juicio político fue presentada por los asambleístas, la correísta admiradora de los ayatolas Viviana Veloz (Unes), los aliados del golpismo Pedro Zapata (PSC), Rodrigo Fajardo, de una facción de la ID y Mireya Pazmiño, separada de Pachakutik pero aliada a lo más radical de la Conaie, bajo la atenta vigilancia del inefable presidente de la Asamblea.

El pedido de juicio político estuvo lleno de errores, tuvieron que recurrir al llamado lapsus calami para enderezar el burdo pedido; apelaron para estar “seguros” a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), aun así, siguieron las torpes inconsistencias, lo que les obligó a los “analfabetos constitucionales” a aplazar la entrega del pedido a juicio político. La pregunta es: ¿cómo es posible que para elaborar el informe no vinculante tuvieron una veintena de asesores, luego el pedido de juicio político fue presentado por 59 asambleístas, cada uno con sus respectivos asesores, no advirtieron los groseros y gigantescos errores?

La conclusión es que no importa cuán plagado de errores esté el pedido de juicio político: “va porque va” y punto.

Estos ganapanes están reforzados por el subversivo, usurpador de la presidencia de la Conaie, que quiere implantar el sistema maoísta de la dictadura comunista Indoamericana, que amenaza con paralizar el país con vandalismo y violencia, si la Corte Constitucional no da paso al juicio político para defenestrar al presidente Lasso.

La respuesta urgente del gobierno debe ser, una campaña sostenida y firme contra las bandas criminales del narcotráfico y la corrupción. Poner énfasis en la creación de fuentes de trabajo, dotar de medicinas e insumos médicos a los hospitales, igual a la educación, incorporando más médicos y maestros.

En la vida no hay casualidades, la primera vez intentaron derrocar al presidente Lasso y se produjeron las masacres en las cárceles y simultáneamente se produjo el paro indígena con vandalismo y caos dirigido por Iza y sus hordas. 

Ahora, a través de un juicio político, quieren nuevamente derrocar al presidente Lasso, de inmediato comienzan los actos terroristas, cartas bombas de intimidación a los periodistas, paros y amenazas de paralización del país.

Los ecuatorianos deben tener bien claro de dónde vienen estos atentados y el gobierno debe mantenerse firme y emplear oportunamente las legítimas herramientas para garantizar la institucionalidad y la paz social: la Constitución, las leyes y, de ser necesario, la fuerza.

QUITO, 16 DE MARZO DE 2023, en la asamblea nacional se realizó la recolección de firmas para el juicio político en contra del presidente de la República Guillermo Lasso y la entrega en documentación para el inicio del proceso. Foto Freddy Cadena / API

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