Por qué eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Fernando López Milán

Quito, Ecuador

En los papeles, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue creado para “despolitizar” la selección de autoridades nombradas por la legislatura y convertirla en un proceso técnico bajo el control de la sociedad civil. En la práctica, esta idea sirvió para que el Ejecutivo, a través de sus representantes oficiosos en dicho organismo, dirigiera a su conveniencia la designación de autoridades tan importantes como el fiscal de la nación y el contralor general del Estado.

La creación de este organismo, sin embargo, tenía como objetivo final no solo dirigir sin oposición política la designación de autoridades, sino institucionalizar la participación ciudadana, a fin de controlarla. El modelo “participacionista” del CPCCS no era más que una réplica embozada de formas totalitarias de control de la ciudadanía, como las utilizadas en la antigua Unión Soviética, donde el partido comunista, a través de los sóviets (consejos de trabajadores), “gobernaba el país. Así, los órganos del Partido Comunista (siendo el más alto el Comité Central) tomaba decisiones sobre la política estatal, mientras que los sóviets actuaban como un sistema para la aprobación pública de la implementación del programa del Partido” (Wikipedia).

Entidades como el CPCCS y otros consejos participativos burocratizan la participación ciudadana y, burocratizándola, la despolitizan. La dinámica social, así, se sustituye por la dinámica institucional y los representantes de la sociedad civil en dichos organismos terminan convertidos en funcionarios, que deben rendir cuentas no a los ciudadanos y sus organizaciones, sino a las entidades estatales diseñadas para el efecto.

La verdadera acción ciudadana se realiza desde fuera y no desde dentro del aparato estatal. Cuando esto ocurre, las organizaciones civiles y sus representantes se convierten en prolongaciones de dicho aparato. Y, siendo así, en instrumentos que pueden utilizarse para la movilización y la conducción de los ciudadanos de acuerdo con los intereses de quienes controlan el poder.

Los intentos de sustituir la política por la técnica obedecen, también, a los afanes de control de quienes gobiernan. Ninguna decisión que tenga que ver con el poder del Estado puede dejar de ser política. Sin embargo, hay que tratar de que el nombramiento de los funcionarios que ahora nombra el CPCCS sean elegidos en su seno natural, que no es este, sino, por ejemplo, en el caso del fiscal de la nación, la Corte Nacional de Justicia, como ocurre en Colombia, cuyo fiscal es nombrado por la Corte Suprema de Justicia.

Sea como fuere, no hay manera de escapar de la política. Lo más adecuado, entonces, es no disfrazar nombramientos políticos de nombramientos técnicos y, menos aún, reemplazar las funciones de los distintos órganos del Estado por procesos pseudoparticipativos; procesos que a primera vista parecen técnicos y democráticos, pero que, en el fondo, no son sino disfraces del autoritarismo.

Los candidatos correístas al Consejo de Participación Ciudadana.

Más relacionadas