El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este jueves que el país andino debería tener tribunales militares para que los miembros de las Fuerzas Armadas que participen en operaciones contra el crimen «no sean juzgados de manera errónea», una propuesta que está incluida en su Plan de Seguridad Integral 2025-2029 que declaró recientemente como política pública.
«Estamos peleando una guerra y lo de los tribunales militares, que sucede en gran parte del mundo y en Latinoamérica también, debería de suceder aquí, porque son jueces especializados en procedimientos militares, especializados también en delitos que se pudiesen cometer en una acción militar», afirmó el mandatario en una entrevista con Radio Centro de Guayaquil.
Esta propuesta es parte del Plan de Seguridad elaborado meses atrás por el Ministerio de Defensa, pero que fue elevado a política pública por Noboa el pasado 14 de julio.
El documento detalla una serie de estrategias de seguridad que el Gobierno planea implementar por cuatro años con el objetivo de combatir a los grupos criminales que han llevado al país a atravesar su mayor crisis de violencia, al contabilizar en 2025 un récord de 9.283 homicidios, y llevarlo hacia la «normalidad».
Como parte de las «estrategias para enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado», el Ejecutivo impulsará «la creación de tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura, a fin de que esta entidad sea la autoridad competente para conocer y sustanciar los procesos penales relacionados con servidores públicos militares».
La iniciativa no está desarrollada dentro del plan, por lo que no se conoce cómo se conformarán estos tribunales, solo se señala que debe ser ejecutada «desde ya» y que las instituciones responsables serán el Ministerio de Defensa, el Consejo de la Judicatura y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Noboa señaló este jueves que instaurar esos tribunales le daría «tranquilidad y seguridad» a las Fuerzas Armadas de que «no van a ser juzgados de una manera errónea» si es que hacen su trabajo apegados «estrictamente a las normas y procedimientos militares».
Además, aseguró que se impediría la impunidad, ya que la especialización les permitiría a los magistrados «diferenciar claramente cuando existe un abuso y cuando no».
En Ecuador ya existieron cortes militares y policiales, pero la Constitución aprobada en 2008, durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), señala que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía tienen que ser juzgados por la justicia ordinaria.
Uno de los casos más recientes fue el de dieciséis militares que fueron condenados en diciembre pasado a penas de entre 30 meses y 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes.
Los soldados detuvieron de manera irregular a los menores en diciembre de 2024 y sus cuerpos fueron hallados calcinados y con impactos de bala en una zona rural a unos 40 kilómetros de Guayaquil.
Hace dos días, en Perú entró en vigencia una polémica ley que excluye de la justicia común a policías y militares que cometan delitos durante el ejercicio de sus funciones, pese al rechazo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que ven un mecanismo de impunidad para agentes estatales responsables de muertes. EFE
