Un tribunal penal de Pihincha condenó este lunes a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997) y a su hijo Jacobo por el delito de delincuencia organizada, por la venta irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos en 2020, en plena pandemia.
Además de Bucaram y su hijo, condenados en calidad de colaboradores, también fueron sentenciados un exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito identificado como Leandro Berrones, y el ciudadano israelí Sheinman Oren, como autores, por lo que recibieron trece años y cuatro meses de cárcel.
El caso empezó cuando los ciudadanos israelíes Sheinman Oren y Shy Dahan fueron detenidos en agosto de 2020 por agentes de tránsito en Santa Elena y encontraron en su carro medicinas aparentemente robadas y más trecientos mil dólares en efectivo. Ambos declararan ante las autoridades ecuatorianas que le habían vendido un cargamento de pruebas rápidas de COVID-19 por $321.600 en efectivo a Jacobo Bucaram.
Shy Dahan fue asesinado a golpes la madrugada del 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Sujetos armados ingresaron a su pabellón y lo golpearon violentamente en la cabeza con un objeto contundente (pesas/bloques de concreto), causándole la muerte instantánea. Su compañero, el también israelí Oren Sheinman, resultó gravemente herido tras la golpiza, pero logró sobrevivir.
El ataque ocurrió pocos días después de que se hicieron públicos audios de llamadas donde Abdalá Bucaram conversaba con Shy Dahan dentro de la celda, en las que el extranjero manifestaba temor directo por su vida tras haber sufrido atentados previos.
Los jueces aceptaron la teoría de la fiscal del caso, quien en mayo pasado había pedido una condena contra los cuatro procesados, tras acusarlos de «colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos», por la comercialización de unas 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria. EFE
