De un colegio público de Tulsa a la Corte Suprema, y de Wall Street a la fiscalía más poderosa de EE.UU. Jamie McDonald, el abogado que acusa a Jacobo Bucaram tiene credenciales impecables y una pregunta pendiente, su cercanía con Donald Trump.
El jueves 5 de noviembre, un nombre poco conocido en Ecuador apareció en todos los noticieros del país. Jamie McDonald, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, anunció junto al jefe de la DEA, Terrance Cole, los cargos contra Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, y otros cuatro ecuatorianos.
Los acusa de conspirar durante más de una década para introducir cocaína en Estados Unidos y de poseer ametralladoras.
«Los cargos anunciados hoy representan un esfuerzo coordinado para desmantelar la corrupción política y el narcotráfico que han causado estragos en el Ecuador», declaró.
Hijo de abogado, criado en Tulsa
James Michael McDonald nació en 1982 y creció en Tulsa, Oklahoma. Su padre fue uno de los socios fundadores de McDonald, McCann, Metcalf & Carwile, un bufete local. El hijo se graduó en el año 2000 en Booker T. Washington High School, un colegio público de la ciudad.
De ahí pasó a Harvard College y luego a la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. Nunca soltó del todo su tierra natal: entre 2009 y 2014 volvió a Tulsa como profesor visitante de derecho constitucional y funcionamiento de la Corte Suprema.
En febrero de 2014 se casó con Maria Isabel Carlo en San Juan, Puerto Rico. Ese mismo año se incorporó como fiscal asistente en Manhattan.
Para sus colegas siempre ha sido «Jamie». Con ese diminutivo lo presentó Trump al anunciar su nombramiento, cuando lo llamó «nativo del Gran Estado de Oklahoma».
De la Casa Blanca a la Corte Suprema
Antes de cumplir 30 años ya había pasado por dos de las oficinas más exclusivas de Washington. Entre 2008 y 2009 fue consejero asociado adjunto en la Consejería Jurídica de la Casa Blanca, durante el gobierno de George W. Bush. Entre 2009 y 2010 fue asistente del presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Antes había trabajado con el juez federal Jeffrey Sutton y, más tarde, en el bufete Williams & Connolly.
Como fiscal asistente del Distrito Sur, entre 2014 y 2017, participó en procesos contra miembros de la familia mafiosa Genovese y contra Sheldon Silver, entonces presidente de la Asamblea de Nueva York. También llevó un caso de crimen organizado contra 48 pandilleros del Bronx.
Esa etapa le dejó una lección que repitió años después en un discurso: «Aprendí pronto que no se puede acabar con la conducta ilegal solo a fuerza de procesos judiciales». La frase resume su enfoque. Además de castigar, busca incentivar que las empresas denuncien sus propias faltas y cooperen.
Regulador y abogado de Wall Street
Entre 2017 y 2020 dirigió la división de cumplimiento de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), el regulador de los mercados de derivados. Allí creó los primeros equipos especializados en manipulación de mercados, corrupción extranjera, lavado de dinero y criptoactivos.
En 2021 pasó a ser socio de Sullivan & Cromwell, uno de los bufetes más influyentes de Wall Street. Entre sus clientes estuvieron Live Nation, Allianz y Polymarket, además de Coinbase y el multimillonario indio Gautam Adani. Tras la quiebra de la plataforma de criptomonedas FTX, la empresa lo contrató para investigar su colapso.
El 29 de julio de 2026, la jueza principal Laura Taylor Swain lo juramentó como fiscal federal. Reemplazó a Jay Clayton, a quien el Senado confirmó como director de Inteligencia Nacional.
Su llegada se vivió con alivio dentro de la oficina. Según Politico, los fiscales de Manhattan temían que Trump nombrara a un incondicional. Cuando se anunció que el elegido era uno de sus antiguos compañeros, «respiraron aliviados».
Su despacho concentra hoy los casos que más interesan a la región. En el de Nicolás Maduro, McDonald no presentó la acusación original, que data de 2020. Sí presentó la acusación ampliada que añade el cargo de tortura contra el exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores.
Su oficina también lleva el proceso contra Daniel Salcedo, aunque esos cargos se presentaron antes de que él asumiera. El de Bucaram, en cambio, lleva su firma desde el principio.
El abogado de Trump
No hay registro público de una amistad personal con Trump. El vínculo es profesional y estrecho: McDonald formó parte del equipo que defendió al presidente en la apelación de su condena por el pago de 130.000 dólares a la actriz Stormy Daniels.
Sus credenciales son calificadas de «bañadas en oro», y su antiguo bufete destacó su «juicio, integridad y justicia». No se conocen escándalos personales ni sanciones éticas en su contra.
Los cuestionamientos apuntan a su independencia. Llegó por designación judicial y no por confirmación del Senado. Fue abogado personal del presidente que lo eligió. Y defendió a empresas que su oficina podría investigar.
A sus 44 años, el hijo de un abogado de Tulsa tiene ahora en sus manos el destino judicial de Jacobo Bucaram, y Nicolás Maduro.
