Tuiteaba hace poco, y lo sostengo ahora, que noticias como la negativa de la Corte Nacional de Justicia a extraditar al ciudadano bielorruso Alexander Barankov, constituyen unas de las grandes satisfacciones de esta profesión. Saber que la información que transmitiste contribuyó de alguna manera a evitar que una persona sea entregada a un estado totalitario en el que sufrirá la muerte es, probablemente, aunque parezca cursi, una de las causas por las que en algún momento nos decidimos a ejercer este oficio: decir la verdad, defender a los inocentes, combatir la injusticia, aunque esta provenga de los poderosos.
El poder que tienen los jueces en un Estado es enorme. Un juez es capaz de anular cualquier acto de la Administración Pública. La Corte Constitucional puede invalidar una ley de la Asamblea, vetar consultas populares o tratados internacionales. Los jueces penales pueden disponer de la libertad de cualquier ser humano y los de familia pueden llegar a quitarle los hijos a sus padres. Por eso, la justicia siempre ha sido apetecida por cualquier grupo de poder, sea político, empresarial, sindical o cualquier otro. ¿Por qué los jueces tienen tanto poder? Porque, se supone, su función es proteger los derechos de los ciudadanos, cuya defensa es “el más alto deber” del Estado, según el artículo 11 de la Constitución.
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