BUENOS AIRES (AP) — El expresidente argentino Fernando de la Rúa fue absuelto este lunes en un juicio en el que estaba acusado de ordenar el pago de sobornos a senadores para la sanción de una ley de reforma laboral en el año 2000, caso que marcó el inicio del declive político de su gobierno.
En el mismo proceso judicial fueron absueltos el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes y cuatro ex senadores de la entonces oposición peronista: Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.
La misma suerte corrió Mario Pontaquarto, el ex empleado parlamentario que dijo haber sido el nexo entre el Poder Ejecutivo y los legisladores opositores para el pago de los sobornos por unos cinco millones de dólares.
De la Rúa, de 76 años, defendió su inocencia de la acusación de «cohecho activo» durante el proceso que llevó a cabo el tribunal federal número 5, al que consideró un «calvario». El ex mandatario señaló que «hubo un conjuro de intereses políticos» en su contra.
El ex mandatario leyó una declaración a periodistas a la salida del tribunal en la que manifestó que «este juicio de casi dos años y 300 testimonios demostró la inexistencia de toda sospecha de corrupción para mi gobierno y puso en claro la verdad. Sirvió para demostrar que todo fue una infamia de principio a fin y que el hecho no existió».
Pontaquarto dijo a los periodistas que el fallo fue «vergonzoso» y que la «justicia tenía una oportunidad histórica para un caso de corrupción».
«Quién se va a animar después de una sentencia como esta… hay cosas que no puedo entender, pero esta es la justicia que tenemos. Me queda la sensación de angustia, de tristeza. Pensé que durante el juicio aflorarían las pruebas», afirmó.
Los jueces del tribunal no dieron los argumentos en que basaron su sentencia, que darán a conocer en los próximos meses. La fiscalía y la Oficina Anticorrupción pueden apelar el fallo.
La causa llegó a proceso oral en agosto de 2012 y durante el juicio declararon más de 300 testigos, entre ellos ex empleados de la secretaría de inteligencia, senadores y personal de la casa de gobierno.
La fiscal Sabrina Namer había pedido durante el juicio una pena de seis años de prisión para el expresidente y la inhabilitación para ejercer la función pública por el mismo periodo de tiempo. En tanto, la Oficina Anticorrupción pidió seis años y medio de cárcel.
En 2000 el gobierno de De la Rúa, de la Unión Cívica Radical, impulsó en el Congreso un proyecto de reforma laboral fuertemente resistido por los sindicatos porque implicaba fuertes recortes de beneficios en un contexto de recesión económica. La aprobación de la norma en el Senado necesitó del voto del bloque opositor de los peronistas.
En 2003, Pontaquarto dijo a un medio de prensa y luego a la justicia que él fue el encargado de retirar el dinero de los sobornos de la sede de la Secretaría de Inteligencia y entregárselo a varios senadores peronistas. Durante la lectura de la sentencia, los jueces del tribunal ordenaron investigar «las circunstancias» en las que se produjo el testimonio de ex empleado parlamentario.
Durante el juicio, la fiscal afirmó que De la Rúa prometió a los senadores Alasino y Tell entregar una suma de dinero para aprobar la ley laboral y dio la orden a de Santibañes de pagar. Namer señaló que era «imposible» que ese dinero saliera de la Secretaría de Inteligencia sin el conocimiento y autorización del entonces mandatario.
La fiscal solicitó para Santibañes y los legisladores Alasino, Tell y Constanzo seis años de cárcel y un año y medio de prisión en suspenso para el ex secretario parlamentario que destapó el caso. Pero consideró que Branda y el ex ministro de Trabajo debían ser absueltos.
Los delitos con los que los procesados fueron acusados fueron cohecho activo para los que fueron imputados de pagar los sobornos y cohecho pasivo para los que estaban imputados de recibirlos.
La defensa de los acusados se basó en criticar a Pontaquarto, a quien tildaron de ser un «títere» de una operación política armada en 2003 de la que responsabilizaron a los entonces jefe de Gabinete nacional Alberto Fernández y al alcalde de Buenos Aires Aníbal Ibarra.
El tribunal enjuiciador también ordenó investigar por supuesto falso testimonio a varios testigos, entre ellos a Ibarra.
El caso de los sobornos en el Senado comenzó en 2000 como un rumor en el Congreso. El entonces vicepresidente Carlos Álvarez terminó renunciado a su cargo luego de pedir la dimisión del jefe de la Secretaría de Inteligencia. Pero se activó judicialmente en 2003 a raíz de las declaraciones periodísticas de Pontaquarto.
De la Rúa dejó anticipadamente el poder en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una de las peores crisis económicas en la historia del país.
La reforma laboral fue derogada en 2004.