Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
El 31 de octubre la asambleísta Gabriela Cerda, de Alianza PAIS presentó un proyecto de ley para restablecer lo que existía en el viejo Código Penal, derogado en 2014 con el nuevo Código Orgánico Integral Penal del régimen Correa: el delito de prevaricato (violación dolosa de leyes expresas) cometido por funcionarios no judiciales. El COIP lo mantuvo para los jueces, pero lo eliminó para los funcionarios administrativos.
Recuerda la asambleísta Cerda, en la exposición de motivos, que existe en el Ecuador una especie de “sistema de administración de justicia administrativa”, en el que funcionarios de entidades públicas tienen amplias facultades como las de “procesamiento y sanción administrativa (sea destitución y suspensión de funciones, sea incautación, clausura, suspensión de permisos y autorizaciones, multa, etc.), incluso con la posibilidad de imponer medidas cautelares provisionales”, y que “Muchas de esas decisiones administrativas afectan a los derechos de las personas y son dictadas con evidente contravención a la Constitución y a la ley, sin que los funcionarios públicos con esas facultades coercitivas… …puedan llegar a ser imputados y recibir una sanción penal”.
Concuerdo.
Es inaceptable, por ejemplo, que empleados recaudadores del SRI bajo el mando de un genuflexo lacayo como el señor Orlando, para perseguir a empresarios malqueridos hubiesen llegado, por órdenes sabatinas, a torcer la ley, la lógica y hasta el idioma pretendiendo cobrarles millonarias sumas por impuesto a la “salida” de divisas, sin que hubiese habido salida alguna. Es inaceptable que recaudadores coactivos de Esmeraldas se dediquen hoy a extorsionar a empresas que ni siquiera tienen oficina allá, pretendiendo -con retenciones a sus cuentas corrientes- arrodillarlos para que paguen tributos solo aplicables a quienes tienen abierto establecimiento en ese lugar.
Pero más inaceptable es el blindaje del COIP a gente como esa, violadora contumaz de la ley, pisoteadora de derechos ciudadanos. Semejante impunidad, creada por el propio PAIS, no puede continuar.