Reformas constitucionales y al Código de la Democracia

Alberto Molina

Alberto Molina
Guayaquil, Ecuador

Una vez terminado el proceso electoral en marcha, el gobierno debe promover responsablemente que se analice dos importantes documentos que tienen que ver con la suerte del país. Llevamos a cuestas, hasta ahora, 20 Constituciones. Desgraciadamente, a través de la historia, hemos visto que las constituciones se han hecho como traje a la medida del Gobierno de turno que ha promovido crear una nueva. Será conveniente crear dos comisiones, con ciudadanos conocedores de la materia, capaces, responsables, patriotas, una que elabore una nueva Constitución,  y otra para elaborar otro Código de la Democracia, para que estos nuevos documentos debidamente consensuados sean aprobados por una consulta popular.

La Constitución actual y el Código de la Democracia, son hechuras del Gobierno más nefasto de nuestra historia. Con la arrogancia y desvergüenza propias de Correa dijeron que habían superado a Montesquieu, agregando dos funciones más a las tradicionales: el CPCCS y la Electoral, exactamente igual a la Constitución venezolana de Chávez. Hoy se cuestiona, con razón, la existencia del CPCCS; igual, se debe revisar a profundidad nuestro sistema electoral. Se cuestiona la aprobación de los movimientos y partidos políticos: hoy son 278, desde parroquiales hasta nacionales. Se deben eliminar los parroquiales que hoy son 21 y los cantonales 162. Igual la distribución de los escaños, el perverso método de Hondt, que fue declarado inconstitucional. Actualmente hay alrededor de 700 mil cédulas de identidad caducadas, siendo un documento inválido, el Código de la Democracia permite el voto con este documento.

Otro asunto muy criticado es que los partidos y movimientos políticos, nombran a sus candidatos a personas famosas, que puedan atraer votos, sin que tenga que ver su preparación, experiencia y responsabilidad política; se debería establecer una norma que para ser candidato debe haber sido afiliado a un partido, al menos tres años antes de su postulación, con eso evitaríamos los llamados “camisetazos” y no postularían a gente escogida a dedo y a última hora.

No hay que olvidar que el Estado subsidia la existencia de los partidos y movimientos políticos a través del Fondo Partidario Permanente que ahora es más o menos seis millones de dólares anuales; igual el Fondo para la promoción de los candidatos en todos los niveles, que son alrededor de 36 millones, a estos rubros hay que agregar unos 6 millones para la promoción de los candidatos al CPCCS que por primera vez se los elige a través del voto.

Estas elecciones le cuesta al empobrecido país, alrededor de 100 millones, gracias a una decisión responsable del CNE-T, se redujo el presupuesto inicial en más o menos 20 millones. Los partidos políticos y la sociedad en general debemos empeñarnos para que la palabra política no sea una mala palabra y que ser político no sea una vergüenza.

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