El dirigente indígena Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, ha dicho esta mañana en rueda de prensa que el legislador Cléver Jiménez, en contra de quien se giró ayer una boleta de captura, se encuentra en el país «a buen recaudo» y bajo la protección de comunidades amazónicas.
«Está protegido por los pueblos indígenas amazónicos«, dijo el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Qhishpe. Agregó que «el gobierno sabe de la información que Cléver Jiménez tiene en sus manos y eso es lo que le preocupa».
«El Ecuador y el mundo tienen que saber que él, como hombre de bien, quiso entregarse ya, pero le hemos pedido que nos permita cuidar su integridad física. Nosotros vamos a darle esa protección. Cléver Jiménez está protegido de nuestros pueblos y nacionalidades de la amazonia, todas las organizaciones, sus amigos, sus compañeros. Nos preocupa el desenlace. Dios no quiera que el Gobierno siembre violencia que mañana puede traer serias consecuencias”, dijo Quishpe.
«No saldré del país, no me entregaré a la muerte, ahora estoy trabajando en la Amazonía, continuaré en mi lucha contra la corrupción», ha tuiteado Jiménez cerca de las 15h00.
El presidente de Ecuador, en cambio, descartó que su gobierno persiga políticamente a Jiménez. «No fue solo una calumnia lo que hizo este tipo (Jiménez), lo puso por escrito, con firma de abogado… acusando al Presidente de la Republica de criminal de lesa humanidad, de haber fingido mi secuestro el 30 de septiembre de 2010», dijo Rafael Correa en su programa semanal de radio y televisión.
Correa enfatizó que la orden de prisión contra los tres sentenciados se dicta tras un juicio en el que se comprobó que «no es una simple calumnia sino un falso testimonio», algo que calificó de «gravísimo».
Añadió que Jiménez «calumnió y lo que está es asumiendo la consecuencia de sus acciones», con lo que descartó que se esté atentando contra su libertad de expresión.
En tanto, el abogado de Jiménez, César Sarango, adelantó que presentará un recurso de hábeas corpus para dejar sin efecto la orden de prisión que pesa sobre el sentenciado por haberse violado sus derechos. No descartó demandas internacionales.
La víspera, la magistrada Lucy Blacio emitió una orden de captura en contra de Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio, quienes han sido condenados a 18 meses de prisión, mientras el dirigente de los médicos Carlos Figueroa deberá cumplir una pena de seis meses.
Los tres acusaron en 2011 a Correa de delitos de lesa humanidad por ordenar una incursión militar en un hospital de la policía, donde Correa había permanecido más de 10 horas tras una revuelta policial. Durante la operación, ejecutada por las Fuerzas Armadas, murió por lo menos una persona, mientras que cerca de un centenar quedaron heridas.
El gobierno también acusa a Jiménez y Villavicencio de acceder ilegalmente a su cuenta de correo electrónico y de otros altos funcionarios estatales, así como de obtener información y revelarla sin consentimiento, pero los acusados han dicho que la información les fue entregada por funcionarios públicos.
La sentencia de la jueza Blacio en contra de los implicados incluyó una orden de indemnización de 145.000 dólares y pedir disculpas públicas a Correa.
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