Moreno envía proyectos de ley para aplicar resultados de consulta

Quito (Pichincha), 08 de enero 2018.- El Presidente de la República, Lenín Moreno, dio declaraciones sobre el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acogió los argumentos de defensa del Estado Ecuatoriano y desechó la solicitud de medidas provisionales solicitadas por la CIDH. Foto: Eduardo Flores / Presidencia de la República

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, envió el viernes a la Asamblea Nacional unos proyectos de ley para la aplicación de dos de las siete preguntas que integraron la consulta popular y referendo, aprobadas por la población en las urnas el pasado 4 de febrero.

«Siguiendo la voluntad popular expresada el 4 de febrero, he procedido a enviar a la Asamblea de Ecuador los proyectos de Ley de las preguntas 3 y 6 referentes a las Reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía», escribió Moreno en su cuenta de Twitter.

Esas propuestas eran esperadas en la Asamblea, que el jueves, conformó una comisión legislativa ocasional que tramitará esas dos preguntas.

Dicha comisión, integrada por una decena de legisladores, estará dirigida por los oficialistas Daniel Mendoza y César Litardo

La pregunta 3 de la consulta tiene que ver con el mecanismo de elección de los miembros de un transitorio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y la interrogante 6 sobre la derogatoria de la actual Ley de Plusvalía.

El proyecto establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) será el encargado de organizar un concurso de méritos y oposición para elegir a 56 mejor puntuados, para que al final queden 28 candidatos que serán sometidos a votación popular durante las elecciones seccionales del 2019.

Con porcentajes que van desde el 63,08 % hasta el 73,71 %, el Gobierno de Moreno logró el respaldo a las siete preguntas de la consulta popular que planteó con temas relacionados con la eliminación de la reelección indefinida y la reestructuración del CPCCS, que designa a las autoridades de control del país.

A esas dos preguntas, consideradas las más polémicas, se sumaron otras cinco relacionadas con la lucha contra la corrupción y la pederastia, así como la imposición de restricciones a la minería descontrolada.

Otras versaban sobre la polémica ley de plusvalía y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní; algunas de las preguntas aprobadas requieren la acción del Parlamento para ejecutarse.

  • Con reportes de EFE

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