Diana Salazar, nueva Fiscal General del Estado

Diana Salazar, en enero de 2019. API/CRISTINA VEGA

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t), ha designado a la abogada Diana Salazar como la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano.

Su designación tuvo el voto unánime por parte del organismo. EL Pleno acogió las impugnaciones ciudadanas contra los postulantes Merck Benavides y Javier Bósquez, y rechazó la impugnación contra Diana Salazar Méndez.

El Cpccs-t, en un mensaje por su red de Twitter, señaló que «aceptó las impugnaciones ciudadanas contra postulantes Merck Benavides y Javier Bósquez», otros dos candidatos a dirigir la Fiscalía y que han criticado el supuesto accionar del Consejo por, presuntamente, perjudicar sus nominaciones.

Además, el pleno del Cpccs-t confirmó en su tuit que «rechazó la impugnación contra Diana Salazar, designándola como primera autoridad» de la Fiscalía de Ecuador.

Este fue el resultado de un proceso de selección del fiscal general ecuatoriano emprendido por el Consejo transitorio, que el pasado viernes convocó a las audiencias públicas para tratar las impugnaciones presentadas contra los candidatos a dirigir la Fiscalía.

La designada fiscal ecuatoriana fue nombrada por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, como directora Nacional de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) desde mediados de febrero pasado.

Además, por manos de Salazar, cuando se desempeñaba como investigadora de la Fiscalía, pasaron importantes investigaciones como las relacionadas con la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y por la que el año pasado el exvicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de prisión por un delito de presunta asociación ilícita, que él niega y que reclama como un acto de persecución política en su contra.

Además, Salazar investigó en Ecuador el denominado caso FIFAGate, por el que el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, tuvo que renunciar a ese cargo en marzo 2016 y fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos, aunque luego la justicia redujo su condena a seis años de cárcel.

 

  • Con información de EFE

 

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