El estado de excepción que rige en Ecuador para permitir a las fuerzas de seguridad garantizar los servicios básicos, en medio de las protestas contra las medidas económicas del Gobierno, es un recurso más habitual de lo pensado en esta nación, donde ha sido decretado en unas 100 ocasiones en la última década.
El presidente Lenín Moreno emitió el jueves el decreto 884 declarando el estado de excepción en todo el país durante 60 días, a raíz del paro de transportistas y los desórdenes públicos motivados por la elevación del precio de los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La medida, que debe ser refrendada por la Corte Constitucional y sometida a la fiscalización del Parlamento, continúa en pie a pesar del anuncio de representantes del transporte de suspender la huelga.
Esta medida a nivel nacional, aunque puede generar alarma social en otros países, en Ecuador se toma con cierta frecuencia.
«Es muy habitual en realidad, de excepcional no es nada, más bien es una medida que los distintos Gobiernos han aplicado con mediana frecuencia», explica a Efe Santiago Basabe, profesor de Política Comparada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El analista pone como ejemplo que a lo largo de la Administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017) se llegaron a declarar un centenar de decretos de excepción de diferente rango y varios de ellos a nivel nacional, como es el caso de ahora.
El último que rigió se registró en agosto de 2015, cuando el volcán Cotopaxi entró en erupción, lo que según Basabe, «fue aprovechado por Correa para dictar una emergencia nacional» a raíz de convocatorias masivas de los sectores indígenas.
Pero quizás el caso más sonado de un estado de excepción, recapitula el experto, tuvo lugar el 30 de septiembre de 2010 (30S), que inició como una protesta policial y derivó en disturbios con el arresto de 300 agentes, luego de que Correa afirmara que se trató de un golpe de Estado encubierto.
«De esos 100 decretos (dictados por el expresidente) nunca se declaró inconstitucional ninguno, a pesar de que se dictaron medidas muy drásticas, como en el 30S, cuando hubo censura a la prensa», rememora Basabe destacando que solo pudieron reportar lo que sucedía los medios públicos.
La Constitución ecuatoriana permite la adopción de estados de excepción en casos de desastres naturales, calamidad pública o desorden social, pero los expertos refieren que en muchos casos, responden a «situaciones políticas con o sin justificación».
La medida puede incluir varias resoluciones y en este caso actual dispone la movilización nacional de entidades públicas, Policía y Fuerzas Armadas para controlar el orden, la suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión bajo el principio de proporcionalidad y una limitación a las aglomeraciones en espacios públicos, entre otras.
Con todo, esta decisión no ha impedido que se produzcan violentos altercados entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Para Jorge Benavides, decano de la Facultad de Derecho de la universidad UTE y experto constitucionalista, el estado de excepción «es la facultad que tienen los jefes de Estado para poder conjurar situaciones de peligro».
La Corte Constitucional, subraya, ejerce un control posterior sobre la declaratoria, teniendo un plazo de 48 horas después de su emisión, aunque puede hacerlo de oficio en sesión extraordinaria.
En paralelo, organismos internacionales de derechos humanos deben ser consultados sobre la materia, al igual que el Parlamento, que puede echar abajo la medida.
Sobre el uso y abuso de este tipo de estados en el país, Benavides reconoce que «en los últimos años hubo un empleo abusivo de los estados a nivel nacional, que se los utilizó por parte del expresidente en temas tan variopintos como para manejar protestas o el petróleo, y lo malo es que todos fueron refrendados».
Moreno ya ha dictado situaciones de excepción a nivel provincial por inseguridad en regiones fronterizas, para atender flujos masivos de migración o lluvias intensas, pero es la primera vez que hace la declaración a nivel nacional en cerca de dos años y medio en el poder.
Los analistas consideran que el decreto en vigor está justificado y formalmente cumple con la normativa, al abarcar los derechos que se restringen y cumplir con los ámbitos de territorialidad y temporalidad.
Benavides recuerda que «un estado de excepción lo que busca es que se mantenga la paz social, y si no puede ser contenida por medio de la utilización normal de la Policía, se precisa de la intervención de las Fuerzas Armadas».
En cualquier caso, advierte que no justifica ilegalidades y que ante cualquier exceso cometido por miembros de la fuerza pública, estos deberán asumir responsabilidades. EFE (I)
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