Ratifican condena contra Rafael Correa en segunda instancia

Fotografía cedida por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador muestra a los jueces Iván León (i), David Jacho (c) y Dilza Muñoz (dcha) durante un sesión este lunes, en Quito (Ecuador). Un tribunal de la CNJ negó este lunes la apelación del expresidente Rafael Correa en el llamado caso "Sobornos 2012-2016", en el que se le juzgó por el delito de cohecho. Luego de dos semanas de deliberación, el tribunal decidió ratificar la sentencia, en primera instancia, de ocho años de prisión contra Correa. EFE/ CNJ Ecuador

El Tribunal de Apelación la Corte Nacional de Justicia ha ratificado, en segunda instancia, la condena de ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política, en contra del expresidente Rafael Correa, a quien ha encontrado culpable de cohecho agravado por el Caso Sobornos.

Tras dos semanas de deliberación, la corte respaldó la sentencia emitida en primera instancia contra el exmandatario y la mayoría de la veintena de condenados en el expediente.

Los otros condenados son: el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario Alexis Mera, los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís, la legisladora Viviana Bonilla, el exlegislador Christian Viteri; la exasesora Pamela Martínez y su secretaria, Laura Terán.

Los empresarios acusados de pagar los sobornos: Víctor Fontana, Rafael Córdova, Bolívar Sánchez, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Alberto Hidalgo, Teodoro Calle, Du Yeon Choi y William Philips, también fueron declarados culpables.

«El tribunal desecha recursos de apelación de la mayoría de sentenciados, ratifica la pena por cohecho para 18 -incluido Rafael Correa- y modifica la sentencia para dos», informó la Fiscalía General del Estado en redes sociales.

Sin embargo, los jueces nacionales Iván León, David Jacho y Dilza Muñoz sí aceptaron, aunque de forma parcial, las apelaciones de los exaltos funcionarios Alexis Mera y Walter Solís, de forma que la suspensión de derechos civiles que se les había impuesto, no será por 25 años sino por el tiempo que dure su condena original.

Para la exsecretaria presidencial Laura Terán la condena ha sido reducida a tres meses y seis días, y en el caso del empresario Alberto Hidalgo su cargo penal pasó de «autor» a «cómplice» y tuvo una reducción en su condena a 32 meses de prisión.

También se establecen «parámetros proporcionales» de compensación al Estado por los daños causados, de forma que los autores estén obligados a abonar una suma de 778.224 dólares cada uno y los cómplices 368.632 dólares.

La sentencia no ha sorprendido al exmandatario ecuatoriano, que reside en Bélgica desde 2017 y es requerido por la justicia de su país.

«Aunque es difícil de creer, era de esperarse. ‘Caso’ y ‘sentencia’ más ridículos no puede haber», reaccionó Correa en un tuit.

«No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí», añadió y calificó el caso como «una de las páginas más oscuras de la historia de la patria».

Según su abogado, Fausto Jarrín, tras la decisión la Corte Nacional de Justicia debe notificar la resolución por escrito a las partes, tras lo cual restan «recursos horizontales de aclaración y ampliación».

«De ahí recién cierran todo y tenemos que presentar la casación para que vaya a otra sala», explicó a Efe.

El caso «Sobornos» juzga una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.

En abril pasado, un tribunal condenó a Correa a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política, por su supuesta participación en el delito de cohecho, condena ahora ratificada en segunda instancia.

De ser refrendada en tercera y última instancia, la sentencia impedirá a Correa volver a participar en la política de su país dado que, en su caso, la condena es por cohecho.

Algunos de los acusados pidieron que se anule la sentencia por considerar que obedece a una supuesta «persecución política» por parte del actual Gobierno de Lenín Moreno, un excorreligionario de Correa con el que se enemistó tras dejar el poder en 2017. EFE

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