Opinión

Alberto Molina
Quito, Ecuador

A través de la historia, han sido varias las formas de aplicar la pena de muerte; los seres humanos en muchas de ellas han hecho gala de extrema crueldad:

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue anunciada el 23 de Febrero de 2010 en la XXI Cumbre del Grupo de Río, denominada Cumbre de la Unidad de América Latina y del Caribe, en Playa del Carmen (México), en base al Grupo de Rio y a la Cumbre de América Latina y del Caribe.

El general Raúl Castro es el presidente pro tempore de la CELAC y todos han ido a La Habana, como los ratones tras la flauta de Hamelin, a celebrar una segunda cumbre.

El cambio de la matriz productiva es, en estos tiempos, uno de los puntos de debate que más circula en el ámbito económico. Revisemos un poco a qué se refiere esto (en mi perspectiva) y, posteriormente, una pequeña reflexión.

Vivimos en Latinoamérica, una región profundamente escandalosa donde la política se cuaja, a mi parecer, con los más profundos argumentos melodramáticos de  las telenovelas, una región donde el escándalo, los enfrentamientos, los descalificativos y demás juegos del lenguaje son protagonistas en la arena y coyuntura político-social.

Desde siempre me ha llamado la atención la relación que la ciudadanía tiene con el Presidente de la República, sobre todo en la manera como se refieren a él. Sus simpatizantes expresan la cercanía que sienten utilizando su nombre, Rafael, casi como si se tratara de un integrante más del entorno, como parte de su familia o como un amigo cercano. De hecho, esa cercanía se ha plasmado no solo en el guión de los eventos presidenciales cuando comparte con la gente, sino en el conjunto del mercadeo –y la maquinaria correspondiente- que ha hecho del nombre de pila del presidente de la República una de las marcas más recordadas y de mayor valor político, por la índole afectiva que sugiere.

En el año 2012, la Junta Bancaria, con la declarada finalidad de «prevenir la formación de incrementos especulativos de los precios en el sector inmobiliario», que se producía (según sus propias palabras) «debido a la alta demanda por la oferta de crédito», consideró necesario dictar regulaciones «que motiven el interés o comprometan a las instituciones financieras a contribuir en la contención de aquel incremento de precios» (Resolución JB-2012-2320, del 25 de septiembre de 2012).