Opinión

Resulta ahora, según varios comentarios que he leído, que dizque sí sería función de los asambleístas presentar denuncias penales contra funcionarios públicos, imputándoles haber cometido un delito en el ejercicio del cargo que ocupan; colofón sería que, al hacer tal clase de denuncias, protegidos quedarían por el manto de la irresponsabilidad parlamentaria. Como no encuentro ni en la Constitución ni en la ley orgánica de la Función Legislativa norma alguna que -ni con mala redacción ni con generosa lectura- siquiera sugiera que existe cosa parecida a semejante facultad, no queda entonces más que entender que la aludida tesis estaría siendo fundamentada en algo así como una función implícita, que vendría, digamos, aneja a la de fiscalización, a la que serviría como instrumento de realización.

Cada vez menos gente resiste la tentación de dirigir unas palabras a guisa de bienvenida, brindis, solidaridad, homenaje o cualquier otra justificación que les permita reconocerse a sí mismos mientras aparentan elogiar a los demás. La línea más clásica en este género de servicio a las propias vanidades es la expresión paterna de orgullo por los logros del hijo el día de la graduación, invariablemente un muchacho que ha seguido la tradición familiar de estudio, dedicación, responsabilidad -«si supieran», comentan los colegas de juerga de este último-; o las referencias a la belleza de la novia -aunque todo el mundo ve que se parece tanto al tosco espécimen con cara de buey sogueado de su padre-, o a su virtud modelada a semejanza de la madre -aunque todo el mundo ve que no se parece en nada al que oficia de padre-. Y al término de la capilla ardiente, vemos a todo difunto retratado como un modelo a seguir.