Opinión

Sin duda es mamotreto -igual que la vetada reforma a la Ley de Inquilinato del diputado Mauro Andino- la propuesta del mismo diputado, que consta en el proyecto de ley de comunicación, de crear el siguiente monopolio: «La publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país» (Art. 103). Igual mamotreto es el corolario del mismo artículo: «Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras».

En todos los países, la relación entre el periodismo y el poder da pie a permanentes conflictos. Es natural que así sea. La prensa, perro guardián de la democracia, busca develar lo que funcionarios y poderosos no tienen interés en que se conozca. Pero cosa distinta es que los gobernantes busquen limitar o cercenar los fundamentales derechos a la expresión, información y prensa.

Parece como si Chile, el país latinoamericano señalado como ejemplo de estabilidad, crecimiento económico sostenido, de reformas cuya implementación ha sido sujeto de análisis a nivel regional y mundial, de pronto se encontrara en una encrucijada que va a marcar el tono de las elecciones presidenciales de este año. No solo bastaba una lógica económica-político-institucional estable y progresiva para que una nación subdesarrollada transite al desarrollo, como sugeriría la idea del modelo chileno. También era importante –y de ahí el problema- que las brechas sociales no se profundicen y que la ciudadanía, más allá del sistema de partidos, pueda repensar y participar en la construcción del tipo de sociedad que desea.

A pocos días de cumplirse un año del asilo otorgado por el Gobierno ecuatoriano a Julián Assange, el ministro Patiño viajará a Londres para visitar al australiano y presentar, una vez más, sus argumentos jurídicos ante el Foreign Office. Adicionalmente, el presidente Correa acaba de designar a Juan Falconi, exministro de la administración de Jamil Mahuad, como embajador del Ecuador ante el Reino Unido.

De aprobarse el proyecto de Ley de comunicación tal como se viene anunciando, se daría el absurdo de que los asambleístas que debatieron el proyecto no sean quienes lo aprueben finalmente y que quienes lo aprobarían no sean quienes lo hayan debatido. Si se preguntase a las decenas de asambleístas elegidos por primera vez en las últimas elecciones si ellos han debatido dos veces el citado proyecto, tal como manda la Constitución, la respuesta sería no.

Hace pocos meses, -marzo y abril para ser más exactos- muchas personas en el mundo «contuvieron el aliento». La guerra entre Corea del Norte con Corea del Sur y su aliado los Estados Unidos de América era casi inevitable. Los únicos que no parecían –quizá porque sabían demasiado— asustados ni nerviosos debido a que no iba a estallar la famosa contienda eran los ciudadanos de Corea del Sur. De los del Norte, imposible saberlo por razones fácilmente comprensibles. Las declaraciones del líder norcoreano subían ciertamente de tono cada media hora. Su lenguaje bélico encendía titulares y cables y convocaba a expertos a programas internacionales para dar su criterio mientras en la pantalla aparecían tanques, misiles, soldados y toda la parafernalia bélica posible. Ciertamente, ni los gobiernos de Corea del Sur ni Estados Unidos se contagiaron del lenguaje. Unas pocas declaraciones y unos cuantos movimientos en medio de la expectativa mundial.