Iglesia y Defensoría del Pueblo rechazan controles a migrantes venezolanos

Venezolanos en el Centro Binacional de Atención Fronteriza en Tumbes, Perú

La Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo de Ecuador rechazaron hoy el anuncio del Ejecutivo de crear brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en el país.

Tras un caso de femicidio el pasado sábado en el que está involucrado un venezolano, el jefe de Estado, Lenin Moreno, anunció la conformación de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes de ese país y avanzó que analiza la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso en su nación.

El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Eugenio Arrellano, señaló en una rueda de prensa que el racismo y la xenefobia «es la vergüenza de un país porque conduce a desastres sociales».

Y pidió al Gobierno que «no exija a los venezolanos documentos para entrar al Ecuador» puesto que para ellos es difícil obtenerlos.

El sacerdote resaltó que «que entre los inmigrantes más vulnerables destacan los indocumentados, los refugiados los que buscan asilo, los desplazados a causa de los conflictos y las víctimas».

«Es nuestro deber acoger a cualquier persona que pase necesidad», subrayó antes de pedir, por otro lado, a los inmigrantes que «respeten» a Ecuador que los ha acogido así como a los ecuatorianos, sus leyes, cultura y tradiciones.

La defensora del pueblo, Gina Benavides, se mostró preocupada por el «alarmante crecimiento que registra la violencia contra las mujeres en el país y sobre todo la extrema crueldad con la que se viene manifestando».

Y consideró que las medida anunciadas por el Ejecutivo, que incluye la exigencia a los venezolanos de un certificado apostillado de antecedentes judiciales (que aún no entra en vigor), «exacerbaron los ánimos y devinieron en hechos de violencia y xenofobia».

Para ella, las decisiones del Gobierno podrían provocar una «irregularidad migratoria» y dar paso a «la explotación laboral, trata de personas y el trafico ilícito de migrantes».

Por ello, pidió al Gobierno que tome en cuenta el Plan Integral para la atención de flujo migratorio venezolano, creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en 2018, que pone acento en los principios de protección y respeto de los derechos humanos.

En la rueda de prensa los titulares de cada institución, pidieron mayor solidaridad, respeto por la vida y combatir todo tipo de violencia y exclusión, así como evitar la propagación del miedo.

El femicidio protagonizado el pasado sábado por un venezolano, ahora detenido, contra una ecuatoriana embarazada y madre de dos menores de edad, desató el temor a una oleada xenófoba en el país.

Las autoridades han pedido no generalizar el caso y no alentar la xenofobia. EFE