Colonias de alrededor de 300 delfines de nariz de botella que habitan en el Golfo de Guayaquil podrían desaparecer por la construcción del Puerto de Aguas Profundas en Posorja, según han denunciado los abogados Xavier Flores Aguirre y Wladimir Tene Sotomayor en una acción de protección presentada esta semana ante la justicia constitucional.
«El icónico paseo de Puerto El Morro, donde los visitantes pueden observar los delfines nariz de botella en su hábitat natural, corre el riesgo de desaparecer. Los habitantes del sector indican que, como consecuencia de las obras, el ruido y la turbiedad del agua, estos animales se han alejado, lo que perjudica a la economía del sector, pues este delfín era su principal atracción. Se están afectando los ciclos vitales de la naturaleza», advierten en un comunicado de prensa difundido el lunes.
Según Tene hay una alta probabilidad de impacto severo en el medio ambiente. La contaminación del agua afectaría a especies como el delfín rosado, los manglares y actividades como la pesca serían otro punto preocupante, pero sobre todo que podría afectar al turismo, una de las principales actividades de los moradores.
La licencia ambiental que se otorgó para la construcción del puerto tiene «profundas irregularidades», así dijo a este portal el abogado especialista en derecho constitucional, Xavier Flores Aguirre.
Explicó que se otorgó el permiso sin tener un estudio del impacto ambiental que se iba a generar. Dijo que «ni si quiera estaba listo el proyectó técnico definitivo, que es el único elemento que te puede dar cuenta de lo que se iba construir». Agrega que no existía información relevante sobre el proyecto para efecto de hacer un estudio de impacto ambiental y para efecto de informar a la gente de lo que se iba a hacer, «por ende tampoco se podía dar ningún tipo de compensación. Se otorgo el permiso sin tener básicamente nada», agregó.
Flores ademas ha cuestionado el tiempo que se ha demorado el Ministerio del Ambienta para otorgar el permiso.
En un muestreo que realizó en la página del ministerio del ambiente, en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), «se encuentran 151 licencias ambientales desde marzo de 2017 hasta enero del 2019. Promedio 1,057 días (para estudios)». «Son casi tres años en hacer estudios para que una gasolinera no afecte un barrio«, dijo Flores, quien se cuestiona cómo en 92 días se otorgó el permiso ambiental «para este proyecto (el puerto de Posorja)«.
Según dijo Flores, el ministerio no ha sido diligente a la hora de entregar la información que han solicitado.
«La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que hay obligaciones de prevención y obligaciones de procedimiento. Entre las obligaciones de procedimiento establece la de acceso a la información de una forma muy amplia y abierta. De hecho, el Estado tiene las herramientas para que sea así, porque en teoría tiene la información concentrada en un Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). En teoría, si uno pide información, todo debería estar allí y deberían dártela enseguida. Y sin embargo, la respuesta del ministerio fue bastante evasiva y terminó dando mucha menor información que la solicitada», dijo Flores.
Lo que hace particular a este país es tener los derechos de la naturaleza, y lo raro de todo es no utilizarlo, argumenta Flores, quien reconoce que «nos toman como ejemplo en otras partes. La Corte Interamericana usó como herramienta de interpretación de lo que son los Derechos de la Naturaleza -lo que ella llama los Derechos de los Seres Vivos-. En esta Opinión Consultiva, que nosotros usamos de base para nuestro reclamo, las obligaciones de prevención y procedimiento que la corte detalla son las que nosotros utilizamos a manera de CheckList para probar que un Estado, frente a sus obligaciones para con la naturaleza, actuó según este órgano internacional, que establece cuales son las pautas de conducta que deben tener los Estados en esta materia para toda América. Y Ecuador, siendo el que lleva la bandera no solo a nivel de América sino a nivel mundial, de repente le pintan la cara con las normas y te hacen un procedimiento de cartón, profundamente irregular».
«Si la justicia tiene un rol que jugar para rescatar a la naturaleza, que lo juegue, que haga lo que tiene que hacer. Si la justicia se siente incapacitada porque tiene miedo, porque es una gran inversión, por lo que sea, y puede botar este caso, que seguramente lo puede hacer (siempre hay una excusa procedimental para ello) vamos a seguir apelando y vamos a llevar esto a donde originó la idea, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos», ha dicho Flores.
«Vamos a llegar hasta las últimas instancias (…) No se puede hacer algo tan mal hecho en el país de los derechos de la naturaleza«, dijo Flores.
La acción de protección presentada ha recaído en un juzgado de la Familia. Se espera que en los próximos días convoque a una audiencia antes de emitir una resolución.