Durante décadas el Ecuador ha basado su economía en un modelo rentista y mercantilista que permite al Gobierno elegir “a dedo” a los ganadores y perdedores de la actividad productiva. Se despoja al ciudadano de la capacidad de seleccionar los mejores productos y servicios y se asfixia la libertad económica mediante privilegios que cobran forma de protecciones arancelarias, ausencia de regulación de los mercados y barreras infranqueables para el ingreso de nuevos actores a ciertas actividades productivas. Un esquema que permite a los gobiernos, sobre todo a los de tinte populista, someter a grandes grupos económicos bajo un mecanismo de premios y castigos.
No existe un mejor nombre para una ley que bien podría convertir a todos los bancos privados en grandes Cofiecs: «La ley Cofiec», un proyecto con un fin noble (distribuir riqueza), pero con un enorme potencial destructivo.
Es oficial, la pelea ha empezado. En un lado del ring tenemos a el presidente actual, con su maquinaria estatal de publicidad, un presupuesto de 350 millones de dólares para promocionar su gestión (según cifras oficiales), y un equipo que ha sabido bien manchar la honra de ciudadanos y descalificarlos despiadadamente.
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