No están claras las causas de lo sucedido el pasado 15 de junio en la finca de Moronby, en la localidad de Curuguaty, propiedad del grupo empresarial de Blas Riquelme del partido conservador Colorado, en el noreste paraguayo, entre un grupo de campesinos conocidos como los carperos y agentes de la policía. Los carperos habían ocupado la finca y los policías llegaron a desalojarlos. Hubo entonces un enfrentamiento repentino que culminó con 16 muertos. Lugo actuó rápidamente y destituyó al ministro de Gobierno y al comandante de la Policía. Pero a la semana siguiente fue destituido por «mal desempeño de sus funciones» precisamente lo sucedido en Curuguaty.
Ante las dudas o bien el abierto rechazo manifestado por algunos países acerca del proceso institucional registrado en el Paraguay entre los días jueves y viernes de la semana pasada, que derivó en la destitución del expresidente Fernando Lugo y la asunción en su reemplazo del doctor Federico Franco, es preciso puntualizar que nuestro país se ciñó estrictamente a las disposiciones constitucionales que establecen la sucesión presidencial y garantizan la preservación del orden democrático.
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