La Corte Suprema de Justicia de Paraguay ayer rechazó el pedido del ex presidente Fernando Lugo para declarar inconstitucional el fulminante proceso de juicio político por el cual el Congreso lo destituyó, entre el jueves y el viernes pasado. Con la decisión, caen por tierra las pretensiones de invalidar la posesión del vicepresidente Federico Franco como sucesor constitucional. También ayer Tribunal Electoral del vecino país rechazó la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales previstas para abril de 2013.
Difícilmente puede un presidente latinoamericano sentirse seguro en su cargo cuando pierde el respaldo de su Parlamento en la proporción que lo perdió el exobispo Fernando Lugo. Un presidente en la región que tiene más de las dos terceras partes de la Legislatura en el bando de la oposición difícilmente va a sobrevivir. De 39 senadores solo 4 votaron a favor del exobispo. Tal parece que el apoyo que originalmente tuvo en la Legislatura –y que fue de una coalición de movimientos– se fue erosionando en los últimos meses hasta que la matanza de campesinos y policías en una hacienda derramó el vaso.
No están claras las causas de lo sucedido el pasado 15 de junio en la finca de Moronby, en la localidad de Curuguaty, propiedad del grupo empresarial de Blas Riquelme del partido conservador Colorado, en el noreste paraguayo, entre un grupo de campesinos conocidos como los carperos y agentes de la policía. Los carperos habían ocupado la finca y los policías llegaron a desalojarlos. Hubo entonces un enfrentamiento repentino que culminó con 16 muertos. Lugo actuó rápidamente y destituyó al ministro de Gobierno y al comandante de la Policía. Pero a la semana siguiente fue destituido por «mal desempeño de sus funciones» precisamente lo sucedido en Curuguaty.
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