Ecuador. lunes 11 de diciembre de 2017
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Colombia suspende las aspersiones de glifosato en frontera

Aspersiones con glifosato del gobierno colombiano. Foto de Archivo, La República.

Bogotá, (EFE).- El Gobierno colombiano anunció hoy que suspenderá las aspersiones con glifosato, un potente herbicida químico utilizado para erradicar los cultivos ilícitos, lo que implica un giro de 180 grados en la política antidrogas, que se intensificará en “otros eslabones” de la cadena del narcotráfico.


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La suspensión, que debe hacerse oficial el próximo 14 de mayo, cuando se reúna el Consejo Nacional de Estupefacientes, llega tras un fallo de la Corte Constitucional que ordenó el año pasado hacer seguimiento a los posibles efectos que la aspersión de ese herbicida pueda tener sobre la salud humana y, en caso de ser perjudicial, aplicar el principio de precaución y suspenderla.

“Los estudios concluyeron que sí existe un riesgo para la salud y esa es una evidencia suficiente para aplicar lo que la Corte denomina el principio de precaución”, explicó hoy el presidente Juan Manuel Santos.

Esos estudios proceden de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasificó al glifosato entre los plaguicidas que pueden causar cáncer en humanos, lo que abrió el debate sobre la conveniencia de seguir usándolo contra cultivos ilegales.

Tras ese estudio, el Ministerio de Salud emitió un informe recomendando al Gobierno que se suspendiera la aspersión, un consejo al que se unió el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, quien dijo que el país debería revisar y evitar el uso del glifosato.

Frente a esta suspensión se han posicionado dos de los grandes opositores al Gobierno de Santos, el expresidente Álvaro Uribe y el procurador general, Alejandro Ordóñez.

Tras la decisión de Santos, Uribe mostró sus críticas a través de su cuenta en Twitter, en la que expresó que “sin reemplazo para el glifosato, suspenden fumigación y avanzan cultivos ilícitos”.

Por su parte, Ordóñez señaló que la suspensión del uso del herbicida para aspersiones, ya que en principio podrá ser comercializado para el uso de los campesinos, “es un compromiso del Gobierno con (la guerrilla) las FARC” y añadió que “los narcos están de fiesta”.

“El Gobierno Nacional está de culipronto (apresurado) porque es un compromiso que tiene el Gobierno con la mesa de las FARC en La Habana”, señaló Ordóñez en referencia a las negociaciones que mantiene el Ejecutivo con esa guerrilla en la capital de Cuba para alcanzar la paz.

Por su parte, los organismos dedicados a la protección del medio ambiente, como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), se han mostrado partidarios de la suspensión de las aspersiones e incluso iniciaron una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para que se suspendieran las fumigaciones.

Asimismo, iniciaron una campaña a través de Twitter bajo el eslogan “#Nofumigación” y con el lema de que la “fumigación aérea con glifosato agrava la pobreza de los campesinos en Colombia“.

La Defensoría del Pueblo también respaldó las recomendaciones de suspender dicha estrategia de fumigaciones.

Sin embargo, Santos en su anuncio hizo hincapié en que habrá un “período de transición que no puede ir más allá del 1 de octubre”, en el que se deben buscar mecanismos para reemplazar las aspersiones con glifosato y encontrar otros mecanismos para erradicar los cultivos ilícitos.

Entre esas herramientas destacó “intensificar la erradicación manual y otros instrumentos que permitan seguir combatiendo ese eslabón de la cadena del narcotráfico”.

Asimismo, explicó que esta decisión no supone un “debilitamiento de la política contra el narcotráfico” y apostilló que le ha dado instrucciones al Ministerio de Defensa para que se intensifique el trabajo del Estado contra “los otros eslabones” de la cadena del narcotráfico.

Las aspersiones en la franja sur de Colombia ya se habían suspendido en 2013 como parte del acuerdo alcanzado con Ecuador para que retirara la demanda en su contra presentada en 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los daños a la salud y el ambiente causados por el herbicida que era llevado por el viento al otro lado de la frontera. EFE