Ecuador. viernes 15 de diciembre de 2017
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Gran Hermano

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Con la reciente aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea, ahora en manos del Ejecutivo, pareciera que a las cansadas van a dar fruto los intentos desplegados por años para borrar del mapa a los burós de crédito, entidades privadas que prestan el servicio de referencias crediticias, cuya labor ha permitido a los dadores de crédito contar con información adecuada sobre los potenciales clientes, y, con ello, facilitar la democratización y el acceso al crédito, fines perseguidos hasta por la Constitución de Montecristi (Art. 308).

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador


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Con la reciente aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea, ahora en manos del Ejecutivo, pareciera que a las cansadas van a dar fruto los intentos desplegados por años para borrar del mapa a los burós de crédito, entidades privadas que prestan el servicio de referencias crediticias, cuya labor ha permitido a los dadores de crédito contar con información adecuada sobre los potenciales clientes, y, con ello, facilitar la democratización y el acceso al crédito, fines perseguidos hasta por la Constitución de Montecristi (Art. 308).

Pero lo que a primera vista pareciera ser tan solo el epílogo de esa insistente pelea, que ha usado como bandera el sambenito de la “protección” a la reputación de deudores tramposos, tendría, según el texto aprobado, consecuencia distinta, para nada meliflua: convertir al Estado en Gran Hermano, con toda, pero toda, la información crediticia de los ciudadanos a su disposición. Hasta sobre sus hábitos de consumo.

La ley vigente exige autorización del deudor para que información sobre sus operaciones pueda ser entregada a los burós de crédito, salvo la que consta en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos, que puede ser provista libremente, bien entendido que esta última es solo sobre montos y saldos, y en caso alguno puede violar la intimidad personal. El proyecto, en cambio, obliga a que todos los dadores de crédito entreguen al Estado en “forma desmaterializada los documentos de sustento de cada una de las obligaciones crediticias”, que en el caso del uso de tarjetas de crédito tendrían que ser los comprobantes de cada pago realizado o al menos el estado de cuenta; con ello el Estado pasaría a tener información sobre los hábitos de consumo de todas las personas que hacen uso de esas tarjetas, en franca violación del derecho a la intimidad personal, que también garantiza la Constitución de Montecristi (Art. 66, 20º).

No es inocente, entonces, que el proyecto no repita la prohibición que existe en la ley vigente, según la cual los burós de crédito no pueden recopilar información que afecte a la intimidad personal. El Estado pasaría a tenerla. Inaudito, pero ese es el paisito.