Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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Aprueban, en primera discusión, poderes especiales para Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera discusión, con 99 votos a favor  y 60 en contra, el proyecto de Ley Habilitante presentado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y que le otorga el poder de legislar por decreto, con el objetivo declarado de “profundizar la lucha contra la corrupción e impulsar una economía diversificada y productiva en el país”.


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De acuerdo con la constitución se requieren dos sesiones de debates para aprobar los poderes especiales para el mandatario y que básicamente le permitirán a Maduro emitir decretos con fuerza de ley. No se ha informado cuándo será ese segundo debate y algunos diputados han planteado que por la urgencia de la ley se debería obviar una segunda discusión.

La ley habilitante otorgaría facultades a Maduro para emitir leyes sobre amplios temas como la legitimación de capitales, el combate al financiamiento ilegal de los partidos políticos, el castigo a la fuga de divisas, la defensa de la moneda nacional y el fortalecimiento del sistema financiero nacional.

También podría dictar normas de estrategia para la producción, importación, distribución y comercialización de alimentos; establecer normativas para buscar la estabilidad monetaria y de precios; fortalecer los mecanismos contra el acaparamiento y la especulación; regular las solicitudes de divisas y garantizar la adquisición de bienes y servicios de calidad a precios justos, de acuerdo con la iniciativa.

Hoy más que nunca la habilitante será un arma de justicia y protección a nuestro pueblo trabajador. Habilitante ya“, escribió Maduro a través de la red social Twitter.

“La derecha como siempre se pone del lado de los corruptos, de los especuladores, de los acaparadores porque ellos no aman el pueblo, quieren desestabilizar el país, quieren dar un golpe”, dijo el diputado oficialista Darío Vivas.

El camino para la discusión de la ley quedó despejado el martes después de que la bancada oficialista, integrada por 98 diputados, aprobó el retiro de los fueros a la diputada disidente María Aranguren en medio del rechazo de la bancada opositora, que condenó la acción por considerarla parte de una maniobra política: con la baja de la legisladora, asumiría su suplente oficialista y así la bancada de gobierno alcanzaría los 99 votos necesarios para aprobar la ley habilitante.

A Aranguren se le quitaron los fueros por una denuncia sobre un supuesto caso de corrupción en una empresa de espectáculos creada para administrar y garantizar el mantenimiento de un gigantesco estadio construido para la Copa América de 2007.

Con la mayoría parlamentaria de su lado, se da por hecho que Maduro conseguirá sus poderes de la misma forma en que lo hizo su predecesor y mentor, el fallecido mandatario Hugo Chávez.

Chávez obtuvo de la Asamblea Nacional cuatro leyes habilitantes (1999, 2000, 2007 y 2010) que le permitieron aprobar por la vía de decreto cerca de 200 reformas legales y nuevas legislaciones que utilizó para ampliar el poder estatal, incrementar los controles sobre todos los sectores del país y llevar adelante la instauración de lo que denominaba su modelo socialista.

Los 67 diputados opositores se han negado a respaldar esa ley porque dicen que si se aplican las leyes actuales se puede combatir la corrupción, uno de los argumentos de Maduro para solicitar tales poderes, y que la Asamblea Nacional no puede ceder al Ejecutivo su función legislativa.

“Como no pudieron comprar la conciencia de los hombres y mujeres de la unidad (la oposición), como no pudieron doblegar a la diputada mediante el chantaje y la extorsión de un juicio, entonces corrompieron a la justicia por la urgencia de satisfacer al señor Maduro”, dijo la opositora María Corina Machado.

El máximo tribunal anunció la semana pasada que su Sala Plena aprobó la solicitud de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y determinó “que hay mérito para el enjuiciamiento de la referida parlamentaria” en un caso de presunta corrupción que data de 2008, dos años antes de su postulación como diputada.

La constitución otorga inmunidad a los funcionarios electos por votación popular y establece que para poder someterlos a un proceso judicial el Tribunal Supremo debe autorizar el retiro de la protección legal. La Asamblea quedó facultada para aprobar su desincorporación temporal del cargo.

 

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