Ecuador. Sábado 21 de enero de 2017
  • Seguir en Facebook
  • Seguir en Twitter
  • Seguir en Google+
  • Seguir en YouTube
  • Seguir en Instagram
  • Seguir en LinkedIn

Consejo de Judicatura de Ecuador demanda por incumplimiento a española Indra

Rueda de prensa del Presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh. FOTOS API / JUAN CEVALLOS.

El Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador demandó hoy por 32 millones de dólares a la empresa tecnológica española Indra por un supuesto incumplimiento de contrato, informó la institución en un comunicado.

Publicidad

Los 32 millones de dólares de la demanda, presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha, corresponden al valor del contrato, el lucro cesante (ganancia dejada de percibir) y el “daño emergente” que pudo sufrir el Consejo.

El incumplimiento denunciado se dio, según la institución, en un contrato para el desarrollo e implementación del sistema “Justicia 2.0”, un software y hardware de administración de trámites judiciales.

Indra dijo en otro comunicado que la demanda no le ha sido notificada oficialmente, si bien agregó que es “respetuosa” con las decisiones del sistema judicial ecuatoriano.

Según el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, la decisión de demandar a Indra se tomó ante “la negativa de la empresa de cumplir con todo lo ofrecido, pese a que, desde marzo de 2015, la Judicatura presentó los requerimientos judiciales respectivos”, explica el comunicado.

“Nosotros solicitamos a la Contraloría (General del Estado, órgano de control de los recursos públicos) realizar un examen especial a este contrato”, dijo Jalkh, quien explicó que, aunque la empresa “ofreció arreglar los problemas que se visualizaron en el informe final de Contraloría”, no lo hizo.

El presidente del CJ agregó que tras una declaraciones de representantes de Indra “sobre una posible demanda al Estado ecuatoriano, se resolvió entablar la demanda” interpuesta hoy.

El director general de la Judicatura, Tomás Alvear, explicó que “para poder evidenciar los problemas” del contrato era necesario recibir la herramienta tecnológica e implementarla en la provincia de Santa Elena, lo que permitió detectar “las inconsistencias” y llevó al Consejo a emprender acciones jurídicas.

“Lo que nosotros estamos haciendo es velar por los fondos públicos del Estado”, manifestó Alvear.

El comunicado del CJ se refiere a una posible acción penal contra Indra e indica que, en caso de que la Contraloría detectara indicios de responsabilidad penal, sería la Fiscalía la que tendría que emprender tal acción legal.

La empresa española, de su lado, declinó entrar en detalles sobre la demanda y señaló que “estará atenta a la evolución de este tema”, así como que proporcionará “la información que sea oportuna”. EFE (I)

Publicidad