Ecuador. viernes 24 de noviembre de 2017
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Obispos volverán a los tribunales por discriminación a comunidad LGTBI

Fotografía cedida por Adrian Castro, de la ONG Abogados para la Defensa de la Vida y la Familia, una de las convocantes del evento, que muestra la marcha convocada por la iglesia católica ecuatoriana en defensa de los "valores morales" y contra la educación de género hoy, sábado 14 de octubre de 2017, en Guayaquil (Ecuador). Grupos católicos de Ecuador efectuaron hoy nutridas marchas en varias ciudades del país, en lo que consideraron defensa de la familia, de los "valores morales" y contra una iniciativa legal sobre educación de género, que se ha empezado a discutir en la Asamblea Nacional (Parlamento). EFE/Adrian Castro/ONG Abogados para la Defensa de la Vida y la Familia/

Un tribunal penal de Ecuador anunció que el próximo miércoles analizará un caso de posible discriminación y vulneración de derechos contra activistas del colectivo LGTBI, por parte de líderes religiosos que convocaron y participaron el sábado en manifestaciones en defensa de la familia tradicional.


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El tribunal, además, desestimó ordenar medidas cautelares para siete de los dirigentes, contra los que se habían querellado tres activistas LGTBI por las manifestaciones de discriminación y odio que, según afirmaron, acompañaron a las marchas.

Se trata de la primera ocasión en que representantes de la Iglesia se ven citados por los tribunales por posible discriminación contra este colectivo.

Carlos Álvarez, presidente del observatorio ciudadano LGTBI de Ecuador y que hoy acudió a una vista en la que se dirimió la demanda, dijo a Efe que el miércoles el tribunal penal de la zona de Quitumbe, en el sur de Quito, revisará al detalle el caso, al considerar que “podría existir una vulneración de derechos o discriminación” contra el colectivo.

Explicó que la corte no se pronunció sobre las medidas cautelares, debido a que el hecho demandado, la manifestación del sábado pasado que grupos LGTBI pretendían impedir, “ya se ha dado”.

Sin embargo, calificó de “victoria” para su colectivo que se haya decidido fijar otra audiencia que consideró una “acción de protección”.

Los grupos LGTBI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex) trataron de evitar que en el recorrido de la manifestación el pasado 14 de octubre se virtieran soflamas homofóbicas o contra la diversidad sexual y familiar, como finalmente se dio, según denuncian.

En la raíz de la polémica, un proyecto de ley analizado por la Asamblea Nacional (Parlamento), aún en fase de elaboración y que tiene por objetivo erradicar la violencia contra la mujer, que inicialmente contenía una formulación que recogía la identidad de género, pero que tras el agrio debate originado fue eliminada.

“La querella fue planteada no contra una persona en específico, sino grupos organizadores de la marcha, pues la convocatoria se dio desde la Iglesia, se realizó desde los púlpitos y grupos conservadores”, añadió Álvarez.

En la manifestación, que tuvo lugar en 26 ciudades de Ecuador, participaron cientos de miles de personas -un millón según los organizadores-, y trató de contestar la supuesta implementación de un “enfoque de género” en el currículo escolar, así como educación sexual a menores, en un país con altas tasas de embarazo infantil.

El Ministerio de Educación ha negado esos extremos y subraya que la Carta Magna aboga por la diversidad y el respeto de la infancia.

“La motivación de que se haya presentado una querella legal no es porque puedan o no marchar, el Ecuador es un país garantista de derechos humanos y libertad de expresión, cualquier persona puede convocar protestas, las aplaudimos como activistas”, afirma a Efe Diane Rodríguez, presidenta de la Federación ecuatoriana de organizaciones LGTBI, que agrupa a 68 organizaciones.

Pero insiste en que “lo que no vamos a permitir es la discriminación e incitación al odio y violencia porque este tipo de apologías están penalizadas. La libertad de expresión no debe ser libertad de discriminación”.

La justicia ecuatoriana aceptó a trámite el martes estudiar la adopción de medidas cautelares contra monseñor Eugenio Arellano Fernández, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y obispo de Esmeraldas, monseñor Luis Cabrera Herrera, vicepresidente de la CEE y obispo de Guayaquil, René Coba Galarza, Obispo castrense del Ecuador y Secretario General de la CEE.

También contra los líderes adventistas Fredy Guerrero y Jaime Cornejo y los pastores evangélicos Fernando Lay y Estuardo López, todos ellos miembros del Movimiento Vida y Familia, y el último también presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana.

Ninguno de ellos acudió hoy personalmente a la vista de deliberación sobre el caso que se prolongó siete horas, sino que lo hicieron sus abogados.

Los dirigentes religiosos se limitaron a emitir un comunicado dirigido a “los fieles católico-cristianos” en el cual llamaron a una oración para apoyar a los “hermanos convocados hoy a los tribunales de justicia por defender la vida y la familia”. EFE