La Corte Penal Internacional (CPI) fija para el próximo 30 de noviembre el inicio del juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte por crímenes de lesa humanidad vinculados con su controvertida «guerra contra las drogas».
La CPI, que tomó este miércoles la decisión tras una conferencia dedicada a la preparación del proceso, señaló que, antes del inicio de las audiencias, resolverá todas las cuestiones pendientes y adoptará los procedimientos necesarios para garantizar un desarrollo «justo y expedito» del proceso judicial.
Una sala de cuestiones preliminares confirmó en abril los tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte, una decisión que abrió formalmente la puerta a la celebración de un juicio contra el expresidente filipino (2016-2022), que se encuentra detenido en La Haya desde marzo del año pasado.
Los jueces tuvieron en cuenta las observaciones presentadas por la Fiscalía, la Defensa y los representantes legales de las víctimas, así como el tiempo necesario para la divulgación de pruebas y otros materiales antes de la apertura formal del juicio en noviembre.
La Sala de Primera Instancia III, a cargo del caso, está integrada por la jueza presidenta Joanna Korner y los magistrados Keebong Paek y Nicolas Guillou.
La orden de arresto contra Duterte fue emitida el 7 de marzo de 2025 bajo carácter secreto y se hizo pública cuatro días después.
El exmandatario, de 81 años, fue arrestado por las autoridades filipinas en Manila y entregado a la CPI el 12 de marzo y compareció por primera vez ante el tribunal el 14 de marzo para confirmar su identidad.
La audiencia de confirmación de cargos, que se iba a celebrar en septiembre del año pasado pero se retrasó por petición de la Defensa, tuvo lugar a finales de febrero.
Los jueces concluyeron en esa audiencia que existen «motivos sustanciales» para creer que el exmandatario filipino tuvo responsabilidad penal en asesinatos y otros actos cometidos en el marco de la llamada «guerra contra las drogas».
La Fiscalía sostiene que Duterte desempeñó un papel central en una campaña de ejecuciones extrajudiciales iniciada durante su etapa como alcalde de Dávao y ampliada después a nivel nacional durante su presidencia, y que dejó, según organizaciones de derechos humanos, miles de víctimas.
Los abogados de Duterte intentaron sin éxito impugnar la jurisdicción de la CPI, alegando que en 2019 Filipinas abandonó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, pero los jueces concluyeron que la Corte conserva jurisdicción sobre los presuntos crímenes cometidos mientras el país seguía siendo miembro del tribunal.
La investigación de la CPI sobre Filipinas, que continúa en marcha, se centra en presuntos crímenes cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
La defensa de Duterte también alegó problemas de salud y de capacidad para participar en el proceso, pero los jueces determinaron, en base a informes médicos, que Duterte sí era apto para afrontar el procedimiento judicial. EFE (I)