Quito, Ecuador
Aureliano entró a la Iglesia para destruirla.
En El libro negro, de Giovanni Papini, hay una historia titulada “La conversión del Papa”. Un niño ve morir a su padre en la hoguera, condenado por hereje por la Iglesia, y elige una revancha paciente: entrar en la institución, simular fe, aprender sus códigos y escalar hasta la cima.
Aureliano se vuelve religioso, obispo, cardenal y finalmente Papa. Al llegar a la cima, descubre que la fe que simuló terminó convirtiéndolo. La máscara, a fuerza de repetirse, deja de cubrir el rostro y empieza a moldearlo.
Esa historia sirve para mirar a Carlos Leonardo Alarcón, fiscal general subrogante, desde una pregunta incómoda: ¿qué puede hacer el cargo con alguien que llega marcado por el poder? Progen llevará esa pregunta al expediente: ahí se verá si la Fiscalía moldea a Alarcón o si Alarcón usa la Fiscalía como máscara del poder.
La mochila política de Alarcón
Su ascenso reciente en la Fiscalía ha estado acompañado por expedientes demasiado convenientes para el poder de turno. El caso Nene, contra el hijo de Verónica Abad, apareció cuando la entonces vicepresidenta ya era una enemiga declarada de Carondelet. El caso Triple A avanzó en plena guerra entre el Gobierno y Aquiles Álvarez. Y Seguros La Unión-Petroecuador, vinculado a Federico Goldbaum, hermano de la exesposa de Noboa, reforzó la impresión de una Fiscalía especialmente activa alrededor de los conflictos del Presidente.
La sospecha se agravó cuando, apenas instalado en la subrogación, Alarcón pidió archivar una investigación previa contra Noboa, su esposa y representantes de Dundee Precious Metals por presunto tráfico de influencias en torno al proyecto minero Loma Larga. El patrón incomoda: causas contra adversarios del Presidente, velocidad para cerrar una investigación que rozaba su círculo cercano y una designación rodeada de cuestionamientos. Con ese antecedente, Progen no le llega limpio a Alarcón: cada movimiento suyo cargará una pregunta inevitable: ¿cuánto hay de impulso fiscal y cuánto de cálculo político?
Generación inmediata, apagón permanente
La Fiscalía ha construido el caso Progen sobre una imagen brutal: un país a oscuras y millones de dólares públicos destinados a una generación que nunca llegó. En plena crisis eléctrica de 2024, con apagones de hasta 14 horas, Celec contrató a Progen Industries LLC para instalar equipos en Salitral y Quevedo. La promesa sonaba salvadora; el expediente fiscal cuenta otra cosa: controles omitidos, contratos tramitados a la carrera, anticipos millonarios y un perjuicio estatal de más de USD 100 millones.
Progen debía entregar maquinaria nueva, operativa y compatible con el contrato. Los equipos nunca funcionaron y habrían llegado con placas dudosas, años de fabricación incompatibles, doble estampado, números de serie difíciles de verificar y modelos que, según la Fiscalía, ya habían dejado de fabricarse. Una compra para enfrentar la oscuridad terminó pareciendo chatarra con factura premium.
Progen eclipsa al cuentero de Muisne: aquello fue vender el reloj del municipio; esto fue venderle al país una promesa de luz mientras la oscuridad seguía pasando la cuenta.
La indignación no reemplaza la prueba
En peculado, las preguntas son incómodas y deben responderse una por una: ¿quién tenía competencia real? ¿Quién decidió? ¿Quién autorizó pagos? ¿Quién omitió controles? ¿Quién conocía las alertas? ¿Quién podía detener el daño? La magnitud del perjuicio no sustituye la prueba individual.
Ahí aparece el primer punto débil: los técnicos de Celec. Varios sostienen que su intervención se limitó a estudios de mercado, informes, inspecciones o tareas de supervisión; que no adjudicaron contratos, no autorizaron pagos, no manejaron fondos públicos y, en algunos casos, advirtieron fallas en los equipos.
Si ese fue realmente su papel, Alarcón debe explicar cómo una actuación técnica o preparatoria cruza el umbral hacia el peculado. Firmar un informe, integrar una comisión o participar en una inspección no convierte automáticamente a nadie en responsable de un perjuicio millonario. La Fiscalía necesita probar conocimiento, aporte relevante, conexión causal con el daño y capacidad real de incidencia sobre los fondos públicos.
Los nombres que faltan
La Fiscalía ha procesado a 21 personas, mientras quedan fuera figuras cuyo papel exige una explicación más seria que el silencio. Roberto Luque no consta entre los investigados, pese a que durante su gestión se adoptaron decisiones relevantes sobre la emergencia eléctrica y se designaron funcionarios que participaron en la revisión, coordinación o seguimiento de los contratos.
Si el caso alcanza a su entorno técnico y operativo, la Fiscalía debe precisar hasta dónde llegó su responsabilidad política, administrativa o penal.
Algo similar ocurre con Inés Manzano. El debate público la señala por pagos efectuados cuando ya circulaban alertas sobre posibles irregularidades. La pregunta penal exige precisión: qué sabía, cuándo lo supo y qué facultades tenía para impedir desembolsos, activar garantías, suspender pagos o denunciar los hechos.
Progen exige responsabilidades claras, no una administración dosificada de culpas según la utilidad política del expediente.
También aparecen José Manuel de Oliveira Allú y Peter Dreher. Oliveira, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía durante la gestión de Luque, habría debido conocer o coordinar procesos de contratación de emergencia; si los contratos pasaron por revisión jurídica ministerial, su intervención exige explicación formal.
Dreher habría participado en la visita a Progen en Florida y recomendado acelerar las contrataciones. Si su informe ayudó a validar los equipos o sostener la urgencia contractual, su actuación también debe entrar en el escrutinio.
Causa grande, responsables pequeños
La Fiscalía luce severa con los niveles técnicos y cautelosa frente a figuras de mayor jerarquía. Si Alarcón sostiene que existió una estructura que favoreció a Progen y produjo un perjuicio superior a USD 104 millones, esa estructura debe reconstruirse completa. Un daño de esa magnitud supone decisiones, autorizaciones, controles omitidos, pagos aprobados y responsabilidades de mando.
La investigación será creíble en la medida en que suba hasta donde tenga que subir: asesores, coordinadores jurídicos, ministros, responsables de pagos, funcionarios que conocieron alertas y autoridades que pudieron activar garantías o detener desembolsos. Si se queda en los eslabones más débiles, Progen terminará pareciendo otra causa grande con responsables pequeños.
Ahí vuelve Aureliano. En Papini, la conversión ocurre cuando la institución termina exigiéndole algo al hombre que creyó usarla como disfraz. En Progen, la conversión de Alarcón sigue siendo una expectativa, acaso un deseo: que el cargo lo obligue a investigar hacia arriba y a demostrar que la función puede pesar más que las manos que facilitaron su ascenso.
La credibilidad del caso se juega en ese punto. En un país cansado de apagones, contratos fallidos y justicia selectiva, investigar hacia arriba sería una forma concreta de decencia pública.