Durante la etapa probatoria este 23 de julio, la Fiscalía presentó lo que denominó cinco modalidades o «modus operandi» mediante las cuales se habría ejecutado el supuesto desvío de combustibles. La acusación se centrró en demostrar la comercialización no autorizada de grandes volúmenes de diésel subsidiado.
Estas operaciones según el Ministerio Público, habrían superado los límites legales de almacenamiento y despacho en estaciones fronterizas, distribución a entidades con permisos caducados, ventas entre empresas vinculadas sin autorización y presuntos incumplimientos de cláusulas contractuales suscritas con Petroecuador para prevenir el desvío de combustibles.
Como parte de las pruebas, la Fiscalía precisó que entre enero de 2020 y septiembre de 2024 Petroecuador despachó más de 66 millones de galones de diésel industrial, pero únicamente facturó cerca de 57 millones, una diferencia de aproximadamente 10 millones de galones que, según la acusación, evidenciaría operaciones no autorizadas.
Para sustentar la tesis de la Fiscalía, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), que actúa como acusadora particular, mostró registros de abastecimiento considerados atípicos por los investigadores. Entre las pruebas presentadas por la ARCH está uno de los casos corresponde a un vehículo Chevrolet Cruze modelo 2013, que habría registrado la compra de más de 145.000 galones de combustible entre agosto de 2022 y septiembre de 2024.
Asimismo, un vehículo Chevrolet Cruze modelo 2013 habría registrado la compra de más de 145.000 galones de combustible entre agosto de 2022 y septiembre de 2024. Estas evidencias, Fiscalía la conectó con una información relacionada a una estación de gasolina afiliada a una de las empresas investigadas. Según la acusación, dicha surtidora de combustible habría recibido más de siete millones de galones de diésel entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, pese a contar con un tanque cuya capacidad sería de apenas 10.000 galones.
La postura de Álvarez
En la antesala de esta nueva fase del juicio, el alcalde Aquiles Álvarez solicitó la ampliación de las visitas de sus abogados mientras permanece privado de libertad, argumentando la necesidad de preparar su propio testimonio, coordinar la estrategia jurídica y elaborar el alegato final de defensa.
Álvarez ha rechazado reiteradamente las acusaciones y la defensa sostiene que las comercializadoras investigadas actuaban como intermediarias dentro de la cadena de distribución y que no pueden ser responsabilizadas por operaciones que eventualmente se produzcan en estaciones de servicio que no administran directamente. (I)
