Paraguay: Fiscal renuncia tras recibir amenazas de muerte

ASUNCION (AP)La fiscal Ninfa Aguilar, que encabezó el frustrado censo de campesinos que fueron desalojados en medio de una sangrienta balacera, afirmó este martes que recibió amenazas de muerte y renunció a sus labores.

En tanto, el gobierno dijo que el presidente Fernando Lugo daba plenas garantías para la realización de las elecciones generales ante versiones de que los comicios del 21 de abril de 2013 podrían suspenderse de continuar la violencia en el campo.

«He recibido amenazas de muerte por mi actuación en el caso y como debo criar a niños pequeños aún, me voy de la zona«, anunció a la prensa la fiscal Aguilar, sin dar detalles. Inmediatamente, la fiscalía general del Estado nombró a Juliana Giménez como su reemplazante.

Los agentes policiales intentaron cumplir una orden judicial el viernes pasado para verificar la cantidad de invasores a la finca pero unos 150 campesinos se opusieron a la presencia policial generándose el enfrentamiento armado.

Miguel López, jefe del gabinete civil, informó en conferencia de prensa que el gobierno está impulsando el esclarecimiento de los hechos, en los que murieron seis policías y 11 campesinos tras una refriega en el interior de una reserva forestal en las afueras del pueblo Curuguaty, a casi 400 kilómetros al noreste de Asunción.

Versiones de prensa indicaron que, eventualmente, los comicios de abril podrían suspenderse, pero López aclaró que el presidente Lugo «otorga las garantías legales para que las elecciones se realicen normalmente».

Los paraguayos deben elegir presidente, vicepresidente, 45 senadores, 80 diputados, 18 parlamentarios del Mercosur y 17 gobernadores departamentales.

El mandatario, justamente, debido al ambiente de tensión suspendió su viaje a Río de Janeiro para participar de la Cumbre Rio + 20, en Brasil.

El diputado José López Chávez, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, anunció en conferencia de prensa que en Curuguaty encontró «ánimo de guerra» entre los campesinos.

«Pude constatar que si no respondemos a sus necesidades, vamos hacia una guerra civil, hacia una situación de caos y anarquía», acotó.

Numerosas organizaciones de campesinos sin tierra, la mayoría de izquierda, comenzaron a reunirse en las afueras de Curuguaty para debatir si vuelven o no a invadir la reserva forestal de 2.000 hectáreas, propiedad del ex senador Blas Riquelme del opositor Partido Colorado.

Asociados de unas cinco organizaciones de labriegos, de izquierda, resolvieron el martes en asamblea en la aldea Yby Pytá, vecina a reserva forestal invadida, solicitar al presidente Lugo una indemnización para los familiares de los once fallecidos, la anulación de la imputación fiscal para 12 campesinos detenidos por la muerte de los policías y la entrega en expropiación de la propiedad del enfrentamiento.

* Foto: ultimahora.com

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