Editorial del diario El Tiempo
Bogotá, Colombia
Fue destituido ayer el presidente paraguayo, Fernando Lugo, tras un juicio ‘exprés’ en el congreso de su país, que lo separó de su cargo por «mal desempeño de sus funciones». Todo comenzó en mayo con la ocupación de la finca Campos Morombi por campesinos que reclamaban tierras. La Policía acudió al lugar para poner fin a la ocupación, y a la resistencia de los ocupantes le siguieron violentos enfrentamientos, en los que perdieron la vida once campesinos y seis integrantes de la fuerza pública.
Por este hecho, el Partido Liberal Radical Auténtico le retiró el apoyo al Presidente y se alió con el Partido Colorado. Esta coalición organizó un juicio en el Congreso por tales hechos, que comenzó el pasado miércoles. La principal acusación es la de haber actuado en forma «impropia, negligente e irresponsable».
Lugo acató tanto el llamado a juicio como el fallo, pese a que su defensa recurrió, sin éxito, a la Corte Suprema para que se ampliara a 18 días el exiguo plazo de 24 horas con las que contó para preparar su defensa. Tras la decisión, que tuvo 39 votos a favor de su salida y solo 4 en contra, asumió el cargo el vicepresidente, Federico Franco, su compañero de fórmula en el 2008 y quien hoy aparece en una orilla ideológica opuesta a la del exmandatario.
Llama la atención que esto ocurra cuando a Lugo no le restan sino nueve meses para entregar el cargo y sin reelección en el panorama. Muchos coinciden en que el exobispo es visto como un obstáculo para las aspiraciones del candidato colorado, Horacio Cartes, que fue investigado por lavado de dólares y narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, según se supo en cables filtrados por WikiLeaks.
Más allá de las circunstancias que hayan rodeado su destitución, es un hecho que esta se produjo por la vía legal. No obstante, que sea legal no quiere decir que sea legítima. La maniobra del Congreso no deja de ser un desafío a la comunidad internacional. Lugo afirma que le «fueron transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, grave y alevosa».
Por lo pronto, la decisión no parece tener marcha atrás. La comunidad internacional, representada por Unasur y la OEA, deberá permanecer atenta para que en las elecciones del 21 de abril del 2013 no se desconozca la voluntad popular.