GUATEMALA (AP) — Lo que comenzó como una protesta pacífica de cientos de campesinos en una carretera del oeste de Guatemala se convirtió en un caos cuando un agente de seguridad privado le disparó a un manifestante, desatándose un enfrentamiento de éstos contra efectivos del ejército y la policía que dejó siete indígenas muertos y otras 34 personas heridas, dijo el viernes el presidente Otto Pérez Molina.
En conferencia de prensa, el mandatario expuso una nueva versión oficial de los hechos, según la cual «un agente de seguridad particular fue el primero que disparó contra un manifestante».
El episodio de violencia entre campesinos indígenas y el gobierno suscitó fuertes reacciones a lo largo de la nación centroamericana, dejó a hospitales rurales sin insumos y llevó a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala a abrir una investigación independiente con el fin de corroborar los hechos.
Pérez Molina explicó que los agentes de seguridad escoltaban las camionetas con los soldados a bordo. Dijo que siete efectivos del ejército, heridos en el altercado, testificaron que hicieron disparos al aire para defenderse de la turba que «amenazaba en lincharlos, específicamente contra una mujer soldado».
Anteriormente, el presidente y otras autoridades habían afirmado que los agentes estaban desarmados. También culpó a los campesinos de haber provocado el enfrentamiento.
Según la versión oficial, dos vehículos del ejército que llevaban un contingente de apoyo a la policía se toparon con un retén de manifestantes en una carretera del oeste del país. Allí se produjeron disparos desde un camión, los cuales provocaron la dispersión de soldados, policías y manifestantes.
En la conferencia de prensa conjunta participaron los ministros de Defensa y de Gobernación, así como el procurador de derechos humanos.
Por su parte, el ministro de la Defensa, coronel Ulises Anzueto, defendió las acciones de los soldados, que estaban presentes en la conferencia y mostraban sus heridas. Afirmó que por el momento no serían suspendidos de sus funciones.
«Estos soldados actuaron en defensa propia y para proteger a la población», dijo Anzueto.
Al ser interrogado sobre una foto que circula en los medios, y que muestra a un soldado con un fusil con el dedo en el gatillo, Anzueto respondió que «si se mira detalladamente la imagen, el seguro del fusil estaba puesto».
«Este soldado recogió el fusil de la soldado mujer e intentaba protegerla», agregó.
Estuvo presente también el individuo que el presidente identificó como el agente de seguridad particular que disparó primero.
En la mañana, el procurador de Derechos Humanos, Jorge de León, dijo que el aparente detonador del enfrentamiento fue un disparo efectuado por «una persona encima de una camioneta con placas civiles».
«Las balas que se han encontrado eran de 5,56 milímetros», dijo a una radio local. Los proyectiles de 5,56 milímetros de fusil Galil son del tipo que usa el ejército.
En Totonicapán, miles de indígenas se amontonaron en el parque central del pueblo para velar a los seis fallecidos en el enfrentamiento.
«Ellos estaban manifestando justo al lado cuando nos dispararon», dijo Rolando Carrillo, de 25 años, quien tenía el brazo completamente vendado y el rostro lacerado. Dijo que las heridas eran producto de golpes que recibió mientras participaba en la protesta.
Los ataúdes eran trasladados por la la plaza central mientras que indígenas cakchiqueles alzaban varas de madera y gritaban: «¡justicia, justicia, justicia!»
Desde el hospital Felipe Flores en Totonicapán, lideres comunitarios esperaban en salas de espera y en las compuertas de las habitaciones mientras que médicos y enfermeras protestaban que el centro hospitalario se había quedado sin insumos por atender a los 25 heridos.
Victor Luis Puac, un manifestante de 35 años de edad, contó a un periodista de la AP que llegó a la sala de emergencia en la noche después de haber sido secuestrado por policías, los cuales lo golpearon varias veces en la cabeza y luego lo abandonaron, creyéndolo muerto.
«Me golpearon y me tiraron en la parte de atrás de su camión. Me agarró uno gordo y moreno y me dijo ‘indio… aquí te vas a morir»’, dijo Puac consternado.
Hasta el momento sólo se habían reportado seis muertos. Edgar Díaz, director del Hospital de Quezaltenango, dijo a The Associated Press que la séptima víctima falleció producto de una hemorragia interna provocada por heridas de arma de fuego. Ese hospital recibió a cuatro pacientes.
Mientras tanto, la avalancha de reacciones desde todo el país inundó las estaciones de radio y televisión.
«Lamentablemente en este país sólo reaccionan cuando suceden este tipo de hechos. Desde hace mucho tiempo hemos dicho que usar las fuerzas del ejército conlleva al riesgo de que puedan ocurrir hechos como estos», dijo Francisco Soto, representante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos
Otras 20 organizaciones de derechos humanos convocaron una reunión de emergencia en la capital para evaluar una respuesta conjunta y eventualmente una manifestación frente al palacio presidencial.
La protesta comenzó pacíficamente en la mañana del jueves. Los campesinos protestaban contra el costo de la energía eléctrica y también la propuesta de cambiar la certificación de maestros de una carrera vocacional de tres años a una carrera universitaria de cinco años.
Ambas son propuestas bajo revisión de la reforma constitucional planteada por el presidente.
Esta es la segunda confrontación violenta entre el ejército y la población civil. En mayo, Pérez Molina decretó un estado de sitio en una región norteña de Guatemala después de que más de 200 personas encapuchadas que portaban armas de fuego, machetes y palos tomaron un destacamento militar en Barillas en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con México.