¿Y cuándo renuncian los otros?

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Nos referimos a los jueces cuyos nombramientos han sido cuestionados por la comisión internacional de veedores por el evidente favoritismo que hizo posible que accedan a tan alta magistratura. ¿Cuándo renuncian estas personas? ¿Qué están esperando para hacerlo? ¿No tienen acaso ese elemental sentido de dignidad que se espera lo tengan quienes ostentan una posición de tanta relevancia pública?

Si la conducta del Sr. Pedro Delgado de mentir sobre su título profesional constituye una seria ofensa a la fe pública, igual ofensa han provocado estos jueces al haberse prestado para ser nombrados violando las reglas preestablecidas.

Es otra forma de mentir y quizás más grave. La falsificación de un título profesional es cosa grave ciertamente. Pero el Sr. Delgado no llegó realmente a esa dignidad gracias a su putativo estatus de economista sino gracias a otros factores. En cambio, los jueces denunciados han sido nombrados en violación de procedimientos y en concierto con autoridades que colaboraron en semejante resultado. Hay, pues, en estos jueces, en estos “Pedros Delgados” con toga si se quiere, un acto de engaño público y falsedad mucho mayor.

Con un agravante: que la selección de los jueces –a diferencia de lo que ocurre con el gerente general del Banco Central– no es un asunto de relativa discrecionalidad sino estrictamente reglado. Se trata de reglas inclusive constitucionales creadas para seleccionar a los futuros magistrados de entre varios aspirantes –algo que tampoco sucede con el mencionado cargo del Banco Central–.

Además, los jueces no son funcionarios administrativos, sin desmerecer la importancia que tienen estos últimos. Los jueces en una democracia forman parte de un poder político, el poder Judicial, que existe para garantizar la vigencia del derecho. (Porque el Judicial es eso, un poder, y no una simple “función” del Estado como se popularizó tanto en los años setenta gracias a la influencia de la doctrina de la seguridad nacional de las dictaduras del Cono Sur).

Por otro lado, existiendo un concurso, ¿en qué situación quedan los otros aspirantes a esas dignidades que sí cumplieron con los requisitos legales pero que no accedieron al cargo debido al favoritismo que benefició a otros? ¿En qué situación queda el novel sistema de seleccionar a los magistrados a través de concursos de méritos y oposición luego de lo denunciado por la comisión internacional? ¿Cómo se puede confiar en un sistema judicial que fracasa en algo tan elemental pero a su vez tan importante como es la de nombrar a los magistrados del más alto tribunal de justicia? ¿Y si esto sucedió con ellos, cómo confiar que maniobras similares no ocurrieron en los nombramientos de otros magistrados?

En ninguna parte del mundo podría aceptarse un engaño más grotesco ni sería admisible que unos magistrados puedan permanecer en sus cargos luego de recibir tan graves cuestionamientos por parte de una comisión financiada con fondos públicos.

Aunque también es cierto que en cualquier parte del mundo estas personas ya habrían renunciado hace rato por un mínimo sentido de decencia.

* El texto de Hernán Pérez ha sido publicado originalmente en El Universo.