MADRID (AP) — La tensión de los últimos días por el enclave británico de Gibraltar, cuya soberanía reclama España, llevó el miércoles al primer ministro británico David Cameron a telefonear a su homólogo español Mariano Rajoy para buscar una solución que reconduzca las relaciones entre ambos países.
No obstante, siendo un episodio similar a los problemas que también afrontan las autoridades británicas con Argentina por las islas Malvinas, las posturas parecen lejos de acercarse.
Cameron informó en su cuenta de Twitter que tuvo una conversación «muy constructiva» con Rajoy para expresar su preocupación por los últimos acontecimientos, pero dejó claro que su posición sobre la soberanía de Gibraltar, en el extremo sur de la península ibérica, «no cambiará».
El mandatario español respondió a través de un comunicado que espera resolver el diferendo a través del diálogo, como corresponde a dos países aliados, pero agregó que las últimas acciones de Gibraltar han provocado «un profundo malestar y una gran preocupación».
Los dos presidentes acordaron encauzar la crisis a través de sus respectivos cancilleres.
Rajoy calificó de «inaceptable» la colocación de unos bloques de hormigón en la bahía gibraltareña para la construcción de un arrecife artificial. Según las autoridades ibéricas, estos bloques dañan el medio ambiente y perjudican la actividad de los pescadores españoles que faenan en la zona.
Al margen del reclamo territorial, España considera que las aguas que rodean Gibraltar son españolas y que expandir artificialmente el territorio es ilegal.
Como respuesta, España intensificó de manera sorpresiva los controles fronterizos en la valla que separa Gibraltar del país ibérico. La semana pasada se produjeron colas kilométricas de automóviles y personas, que se han ido reduciendo poco a poco. Miles de españoles y gibraltareños cruzan a diario esa verja para trabajar o comprar.
Poco después, el canciller José Manuel García-Margallo reveló que España estudia crear una cuota de 50 euros (66,5 dólares) por entrar y de otros 50 por salir de Gibraltar.
Al margen de la cuota, el gobierno español precisó que está en su derecho de realizar esos controles, ya que Gibraltar no pertenece al espacio Schengen, que permite el libre tránsito de personas entre la mayoría de países de la Unión Europea.
A través de su oficina, Cameron aseguró que España se había comprometido a aliviar el paso de la frontera. Sin embargo, Rajoy se limitó a constatar la legalidad de los mismos.
Bruselas reconoció ese derecho, pero pidió a Madrid que los controles sean «proporcionados».
Como telón de fondo a estas fricciones más o menos periódicas entre España y Reino Unido, se encuentra una histórica disputa por el territorio.
España cedió al Reino Unido la soberanía de este privilegiado enclave geoestratégico al sur de la península ibérica en virtud de los acuerdos alcanzados en el Tratado de Utrecht de 1713, firmado entre los países europeos implicados en la llamada Guerra de Sucesión al trono de España. Los británicos pasaron entonces a controlar el tránsito en las aguas del estrecho de Gibraltar, que separa a Europa del continente africano.
Sin embargo, España lleva años reclamando la devolución del peñón —como parte de un proceso de descolonización inacabado— y considera que el Gibraltar —donde viven unas 30.000 personas— es histórica y geográficamente parte del país.
Además de la soberanía, las relaciones entre los dos gobiernos se han visto afectadas por disputas sobre problemas fronterizos, de aduanas, contrabando, derechos de pesca y de evasión fiscal por parte de las empresas domiciliadas en Gibraltar.
