Gustavo Domínguez
Quito, Ecuador
Hace más de un año, utilizando las mejores armas que el sector de las grandes corporaciones estadounidenses sabe como manipular a la perfección, Chevron decidió frontalmente declarar la guerra a nuestro país.
En Junio del 2012, ya denunciaba en esta columna la campaña abierta para que influyentes Cámaras, Asociaciones de Comercio y Producción de grandes empresas, así como clubes de millonarias corporaciones norteamericanas, exijan a senadores y legisladores se castigue al rebelde e irreverente pueblo del Ecuador, eliminando beneficios comerciales que a la larga favorecen a miles de pequeños comerciantes norteamericanos y a decenas de miles de sencillos trabajadores en territorio ecuatoriano. Ambos, simples ciudadanos a quienes los intereses corporativos de Chevron repudian por oponerse a sus intereses y por su insignificancia ante el letal poderío económico y abrumadora influencia política ejercida por dicha empresa en la capital norteamericana.
Chevron es la tercera empresa más grande de los Estados Unidos, cuyos activos superan a más del 80% del PIB de países alrededor del mundo, incluyendo el de Ecuador, y cuyas utilidades son casi del tamaño del presupuesto del Estado ecuatoriano, no escatimará el uso de impresionantes recursos económicos y de influencias para mover las fichas de un tablero en que el único ganador siempre resulta el más grande, el más poderoso, el más adinerado.
Y es que al igual que los bemoles que tiene la institucionalidad democrática en los países en vías de desarrollo, el cáncer del que padece la más prestigiosa democracia mundial es el poderío de las corporaciones, grandes aportantes para las campañas políticas presidenciales, de senadores, legisladores, gobernadores y de cargos de influencia política.
Si bien el cabildeo en los Estados Unidos está sujeto a presión y a menudo a complejas normas que, si no se siguen, puede dar lugar a la imposición de sanciones incluyendo cárcel, la actividad de lobby ha sido interpretada por la jurisprudencia norteamericana como libertad de expresión, y por lo tanto, se encuentra protegida por la Constitución de ese país. Esta misma actividad desarrollada en otras partes del mundo es tildada como un acto de corrupción y tráfico de influencias e inclusive es profundamente cuestionada por sectores de periodistas y por el mismo pueblo norteamericano.
Las sociedades como Chevron, que sobre todas las cosas defienden sus esenciales intereses corporativos, mediante la contratación de influyentes grupos de cabildeo, organizados y pagados para presionar en favor de determinados intereses institucionales, no escatimarán recursos para intentar pulverizar a sus detractores y desafiantes, más aún si estos son un humilde grupo de indígenas o de ciudadanos comunes de cualquier parte del mundo, incluyendo los ciudadanos de los Estados Unidos.
El irrespeto a sus auto declarados principios corporativos, combinado con equivocaciones en la toma de decisiones, que erróneamente los hizo concluir que su estrategia les traería ahorros y beneficios económicos, los ha enfrentado contra el pueblo de Ecuador, y peor aún, contra la conciencia de un mundo cada vez más altivo y defensor de la naturaleza, de los derechos humanos y de la verdad, que poco a poco han ido probando como la unión hace la fuerza y que los valores que heroicamente se defienden en esta desigual contienda, finalmente pondrán a Chevron vs. Chevron, en un juicio de su misma conciencia.