Únicamente atravesamos un periodo de insuficiencia líquida tan agudo que el Gobierno Nacional debe un total de 130 millones de dólares a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA). En los pasillos de esa institución que atiende un promedio de 2800 pacientes al día –solo en su núcleo de Quito- ya se propaga el temor entre ancianos, padres y niños de que sus vidas y las de sus seres queridos tengan precio. A sus 61 años, SOLCA también teme por el valor de la suya, que depende del cumplimiento de un estado sin recursos que no solo universalizó la salud publica, sino también la deuda y el temor.
Así lo evidencian las réplicas de una Ministra de Salud con más cara que cuerpo que pide a SOLCA “más respeto a la dignidad de los pacientes y sus familias” y un Presidente que se burla de que el estado financie una entidad privada, a pesar que ese cometido es producto de sus políticas absolutistas. Todo esto, cabe recalcar, no implica que nos encontremos “en crisis” liquida, ni estructural, ni ideológica, ni moral, ni existencial. ¿Cierto?
Una historia de independencia truncada
SOLCA nació en 1953 como una institución autónoma y en respuesta a la ineficiencia del Estado para atender la salud de los ecuatorianos. En 1980, el Congreso Nacional creó un impuesto del 0,6% a las operaciones de crédito del país para destinarlo a la financiación de las operaciones de SOLCA. La disposición se modificó a través del articulo 101 de la Ley de Transformación Económica en el año 2000, estableciendo el impuesto al 1%; un 0,5% de su recaudación se destinaría a los beneficiarios de SOLCA mientras el otro 0.5% restante se otorgaría a otros. La banca privada actuaría como intermediaria de esta operación y entregaría el dinero correspondiente a SOLCA de forma expedita. Así lo hizo.
En el 2008 y bajo el mandato de Rafael Correa, a través de la Ley de Seguridad Financiera, se suprimió el articulo 101 de la Ley de Transformación Económica y por lo tanto las aportaciones de impuestos crediticios a SOLCA. El gobierno prometió suplir ese aporte para hacerse del monopolio de la salud en el país. Cumplió durante algún tiempo. Amplió también acceso a estos servicios a los afiliados al IESS, ISSFA, ISSPOL y el Ministerio de Salud Pública. Hasta entonces, la realidad superó la ficción y se concedió acceso justo y necesario a servicios de primera calidad a pacientes oncológicos de escasos recursos.
Sin embargo, la realidad se reimpuso cuando el aparato estatal del que dependía SOLCA registró perdidas de capital tras la caída de precios del petróleo del que depende en exceso un modelo económico irresponsable. El gobierno entendió entonces que su necesidad de control no era sostenible.
Un giro insuficiente
Ante este panorama, en el año 2014, se restableció el impuesto del 0,5% a las operaciones crediticias para contribuir a la financiación de SOLCA; deshizo su propio mandato. A partir de entonces, la institución recibió 14 millones 164 mil 500 dólares, en 2009 y 2010 se le otorgó el mismo valor. El presupuesto asignado no ha aumentado a pesar que la demanda de atención si lo hizo.
De acuerdo al Presidente de SOLCA Quito, Solón Espinoza, en rueda de prensa el Jueves 3 de Marzo, entre el 2014 y 2015, atendieron un promedio de 12,000 pacientes nuevos al mes, únicamente en el núcleo de Quito. El hospital no únicamente recibió ingresos que no crecían en proporción a la prestación de sus servicios sino que tampoco obtuvo el capital básico y legítimo que debían saldar el IESS, ISSFA, ISSPOL y el MSP al derivar pacientes a sus sucursales.
Eso no es todo: el MSP tampoco desembolsó el 0,5% de los impuestos crediticios en algunas ocasiones. Las deudas conjuntas datan desde el 2010 y si bien se han saldado de forma paulatina, continúan acumulándose. Tenemos conocimiento de que el fisco tiene menos recursos en época de vacas flacas y administración negligente, lo que explica pagos retrasados e inconclusos del IESS, ISSFA, ISSPOL y MSP. Desconocemos qué ha sucedido con el dinero correspondiente al 0,5% de la recaudación de impuestos crediticios que debió abonarse a SOLCA. ¿Se ha empleado para otros fines? Si es así, ¿para cuáles? ¿Con qué derecho?
¿Constituye esto delito?
De momento, solo abundan las preguntas pero no respuestas convincentes. Lo único que si responde el Ejecutivo es que no estamos en crisis. Y la Ministra de Salud, que los directivos de SOLCA manipulan a los enfermos y sus familiares. ¡Ah! Y el Presidente, que este tema no es importante.